Se ha ventilado información preocupante sobre el trato indebido y abusivo por parte de policías investigadores hacia funcionarios municipales que han sido citados a declarar en calidad de testigos como lo fue el pasado 8 de marzo en las oficinas de desarrollo urbano.
Durante la audiencia celebrada este lunes 18 de marzo para vincular a proceso a Cecilia Zareth, quien fungía como encargada del despacho de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, fueron ventiladas al menos cinco declaraciones de funcionarios municipales de diversas dependencias quienes coincidieron en que al llegar los elementos de la Agencia de Investigación Criminal fueron víctimas de hostigamiento, presión sicológica y amenazas.
De acuerdo con los testimonios recabados por la defensa de Cecilia Zareth varios funcionarios han experimentado situaciones de hostigamiento y acoso antes, durante y después de su comparecencia. Estas acciones incluyen llamadas telefónicas constantes, presión psicológica, y en algunos casos, amenazas poniendo de frente sus armas largas con el fin de influir en sus declaraciones o intimidarlos.
Este comportamiento por parte de los policías investigadores no solo es inaceptable desde el punto de vista ético y profesional, sino que también representa una violación a los derechos de los funcionarios municipales. Además, estas prácticas podrían comprometer la integridad y objetividad de las investigaciones en curso.
Se hace un llamado al Fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano para tomar medidas inmediatas e investigar estos incidentes y asegurar que se respeten los derechos de todos los individuos involucrados en procesos judiciales. Asimismo, se hace un llamado a reforzar los protocolos de actuación de los policías investigadores para prevenir la repetición de estos comportamientos indebidos.
La transparencia, el respeto y la profesionalidad deben ser pilares fundamentales en la actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente cuando se trata de procesos que buscan esclarecer la verdad y hacer justicia pues estas acciones dejan entrever que se trata de una consigna judicial y política.
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