Tras casi una década de pugnas legales, controversias ambientales y resoluciones judiciales, la fuerza de la naturaleza terminó por dictar el destino final del Hotel Punta Paraíso donde durante años, la comunidad local y grupos ecologistas advirtieron que el complejo habitacional violaba las normativas al estar construido directamente sobre la zona federal marítimo-terrestre, interfiriendo con la dinámica natural de la playa y el ecosistema de la zona. Pese a las constantes denuncias de los pobladores, la edificación se mantuvo en pie sostenida por prolongados recursos legales interpuestos por la desarrolladora; sin embargo, las autoridades ambientales, encabezadas por la PROFEPA, anunciaron la ratificación del fallo judicial que ordenaba la demolición definitiva y el desalojo de las torres por invadir terrenos federales de manera irregular. El inicio de los trabajos de derribo por parte de las autoridades o de la empresa responsable quedó sobre la mesa de debate, abriendo la incógnita de cuándo se ejecutaría la sentencia en el sitio; no obstante, el desenlace no esperó a la maquinaria pesada ya que las intensas marejadas por el reciente paso de fenómenos meteorológicos provocaron que el mar erosionara rápidamente la base de la playa y terminara de derrumbar parte de su estructura.
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