Comentarios de la Bahía: La Notaría Pública debe de ser un servicio del Estado para la escrituración de vivienda popular

• ¿Podría el próximo Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, proponer la iniciativa para implementar un procedimiento investido de Fé Pública, de verdaderos “Notarios Públicos” exclusivamente para estos casos?

• En la actualidad sus costos son lesivos para la economía de familias de trabajadores

• El “Fiat” se convierte en el paliacate para cubrirse la cara a la hora de cobrar sus honorarios

• Los Notarios son una casta privilegiada que reciben como regalo por sus servicios a un gobernante en turno

• La función notarial ya no es un trabajo profesional para el titular, sino una canonjía gubernamental muy sui géneris.

Gran polémica y crítica ciudadana que causó el otorgamiento de nuevos nombramientos, que más bien son “premios” a ciertos profesionistas privilegiados, que obtienen este “regalo” del gobernante en turno, ya que históricamente cada fin de administración estatal surge una lista de estos beneficiados, que son elegidos no por sus capacidades sino por sus servicios al “establishment”.

Porque para nadie es desconocido que es necesaria la intervención obligada de los “mal llamados” “Notarios Públicos” en los actos jurídicos que la ley requiere, que de públicos no tienen nada, ya que sus servicios son en su totalidad con fines de lucro, resultando a todas luces lesivos para las familias de trabajadores, que se ven en la necesidad de acudir ante ellos, principalmente cuando se trata de la adquisición de una vivienda a través de organismos creados para tal efecto y que se les conoce como “de interés social”, dando a entender con ello que se trata de una política gubernativa para apoyar a las clases populares, en cumplimiento –aunque sea muy a medias- del deber del Estado con las metas de la justicia social.

De por sí la obtención de un crédito para vivienda, implica el endeudamiento de por vida del trabajador, que tendrán que sufrir un verdadero viacrucis en la tramitología mexicana, que ya es inherente a este tipo de operaciones, y, que sólo se libera de la obligación a veces únicamente con la muerte, ya que muchos nunca terminan de pagar, por las arcaicas fórmulas del INFONAVIT, sabiéndose por experiencia, que toda esa serie de trámites que acompañan a la adquisición de una vivienda de “interés social” resulta muy costosa para el adquirente, que además no está fijado el precio como manda la Ley Civil, que ordena tajante en la compraventa debe fijarse un precio cierto y en dinero, (y no en salarios mínimos).

Esto último no ha cambiado, además de que es burlado fácilmente en los “leoninos” contratos que elaboran e imprimen con letra bastardilla los organismos oficiales, ya no se diga las empresas privadas (sean particulares o bancarias) que compiten por docenas en estos mezquinos negocios de vender casas “pichoneras”, que también nadie ignora que son de muy pobre calidad tanto en los materiales como en el diseño y la construcción, obligando a vivir a estas familias que subsisten de su esfuerzo personal en condiciones infrahumanas, amontonados, sin contar siquiera con lo que podríamos llamar un espacio vital indispensable o mínimo donde pueda el hombre vivir con la decencia y la dignidad que requiere su condición de ser humano inteligente. Este ha sido un jugoso negocio en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Pero volviendo al tema, lo que si desconoce una gran mayoría ciudadana, es cuál es la función reservada a estos señores conocidos como Notarios Públicos, qué implica su denominación, cómo se rigen y porqué se les permite cobrar honorarios y cuotas o tarifas siempre descabelladas, porcentuales al precio de los bienes contratados, sin arriesgar nada ellos –como en todos los negocios- , inclusive pactándose en los contratos carísimos aludidos, que un porcentaje del crédito se destine especialmente al pago de los servicios de estos “fedatarios públicos”.

En mi propia vivencia, he comprado dos casas con dos créditos INFONAVIT y los “pillos” Notarios que me escrituraron, me trataron como cliente de segunda, porque según ellos el Infonavit les pagaba una “bicoca”, que a mi no se me hizo poco; la primer casa hace 20 años, en Tepic, en Infonavit Los Sauces, el Notario cobró 15 mil de entonces; la segunda hace cuatro años en San José del Valle, en Bahía de Banderas fueron 35 mil, que le cargaron al crédito, y todavía me hicieron esperar mucho, porque le dan preferencia a sus clientes privados, además te hacen sentir como que si te hacen el favor de escriturar a los trabajadores con créditos de esta institución.

Los Notarios “Públicos”, son llamados así porque su función esencial es “dar fé” de lo que se contrata, o sucede ante ellos, presentándose no pocas veces la contradicción de que quienes realizan esas funciones son personas encargadas a quienes el Titular Notario delega las tales funciones, tornándose en algo semejante al propietario de un negocio que no lo trabaja personalmente, sino sus empleados, como un “concesionario” de un taxi, un dueño de un bar, un hotel, etcétera, o un negocio cualquiera que no requiere necesariamente la atención personal del propietario, (tienen hasta suplente, la mayoría de las veces sus hijos).

Esto en tratándose de otro tipo de negocios puede no tener importancia, pero entonces, cabe preguntarse, ¿por qué la Ley establece requisitos para ser Notario? entre ellos el de tener calidad moral, ser un profesional del derecho verdaderamente capacitado en materia registral y notarial, aprobado por los Colegios de Notarios, cuyos mecanismos y propuestas son burladas por los campeones de acomodar las leyes a la medida de sus intereses personales.

Y es que ejemplos de “Notarios burros” hay muchos, pero no es intención de esta columna crear animadversiones personales, sino la de criticar situaciones que afectan el interés social para que se corrijan, no para que se miren de soslayo o no se diga después que nadie dice nada y que por eso piensen que todo lo que hacen esta “plaga parasitaria” como son los Notarios caros está muy bien hecho.

Se hace necesario la creación de un sistema especial de “Fé Pública” que no requiera de la intervención de estos “privilegiados profesionales”, que al despacharse con la cuchara más grande, lesionan la economía de las familias de trabajadores que adquieren viviendas a través de créditos de supuesto “interés social”, el Estado debe brindar este servicio notarial gratuitamente por lo menos en lo que se refiere a la adquisición de vivienda popular; igual o parecida a la Fé Pública reconocida a los Oficiales del Registro Civil. Esta es una tarea de iniciativa de Ley para la próxima Legislatura que encabezará la diputada electa Alba Cristal Espinoza. La clase trabajadora lo agradecerá.

¿Podría el próximo Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, proponer la iniciativa para implementar un procedimiento investido de Fé Pública, de verdaderos “Notarios Públicos” exclusivamente para estos casos? esto porque ya el gobernador saliente ya otorgó estos premios de las Notarías, puesto que es únicamente su facultad; de hacerlo MANQ indiscutiblemente que ganaría el aplauso de toda una capa social que necesita este apoyo de los hombres con espíritu de justicia social, como presume lo es quien será el siguiente mandatario estatal, que recordemos ganó con un amplio margen de votación electoral.

Porque eso de andarles pidiendo a los Notarios -en su día, porque hasta eso tienen su día del calendario de festejos para celebrarse- que le bajen a sus honorarios para atender a la población que “menos tiene”, es como escuchar al sacerdote oficiante en una misa que le habla de la fé, la esperanza y la caridad, cuando es el Estado el que les otorga estos “fiats de regalo”, por lo que por eso estamos proponiendo verdaderos “Notarios públicos”, para el caso particular de las escrituraciones para la clase trabajadora.

O al menos se podría crear un mecanismo de vigilancia para que cumplan con la “Ley del Notariado” pero sobre todo con el arancel, que casi ninguno lo pone a la vista del público como es su deber. Porque hasta ahorita, al menos en esta zona de nuestra hermosa Bahía de Banderas, por tener rango de destino turístico internacional, con población flotante e inversionista de alto nivel, “su boca es medida”, ya que hasta por un simple sello y firma, cobran desde los mil 500 hasta los 3 mil pesos por documento, razón por la cual también esta región es muy codiciada para estos “letrados” Notarios, pero reservada para quienes tienen la suerte de pertenecer al restringido círculo de los gobernantes, que en su turno les otorgan los llamados “Fiats” de Notarios, que vienen siendo algo así como el paliacate para cubrirse la cara a la hora de cobrar sus elevados honorarios por autorizar con su sello y firma un acto jurídico, como los “bandidos” del oeste. Y ya ni esto, porque también cuentan con un “suplente adscrito”, lo que convierte la función notarial no en un trabajo profesional para el titular, sino una canonjía gubernamental muy sui géneris.

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