Maduro aprovecha el coronavirus para reprimir a Venezuela

Asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, descargas eléctricas en párpados y genitales, golpizas con tablas, encadenamientos bajo el sol o con temperaturas extremas… Y todo ello con el beneplácito de jueces y fiscales. Esto es sólo parte del relato de las atrocidades sin fin del chavismo, que ha aprovechado la pandemia para extremar sus mecanismos de terror con el objetivo de reprimir a las voces disidentes y de intensificar el control férreo sobre la población.

Así lo ha documentado Human Rights Watch (HRW), cuyo último informe desvela el recital de abusos desde mediados de marzo contra trabajadores de la salud que cuestionan el manejo gubernamental de la pandemia, abogados de derechos humanos que brindan apoyo a manifestantes, periodistas críticos que se atreven a contradecir la versión oficial y opositores políticos. «El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos», resume José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Según los datos recopilados, al menos 162 personas sufrieron hostigamiento y persecución mientras el Foro Penal ha reportado 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio. Una de las herramientas favoritas contra todos ellos, incluidos ciudadanos que publican estados críticos con Nicolás Maduro en su WhatsApp, es la ley contra el odio aprobada por la ilegal Asamblea Constituyente. «Es absurda y excesivamente amplia», critica el informe de HRW, usada además para que sean procesados a quienes la revolución considera sus enemigos por «un poder judicial sin la más mínima independencia».

Junior Pantoja (58 años) figuraba en la lista de los 257 detenidos. Este ex concejal de la centrista Primero Justicia y administrador de cuatro comedores populares en el caraqueño Petare, una de las mayores favelas de América Latina, es el que peor suerte ha corrido. Fue detenido durante un operativo en mayo y acusado de portar cinco municiones en el bolsillo de su camisa, municiones que testigos aseguran le fueron «sembradas» por los agentes.

Durante 46 días de prisión preventiva, su salud se deterioró rápidamente: anemia, problemas renales, hinchazón en las piernas y ansiedad. A finales de junio un tribunal sobreseyó su causa, pero su suerte ya estaba echada: Pantoja falleció este mes tras sufrir complicaciones respiratorias que agravaron su salud.

«Pantoja es un ejemplo de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen contra aquellos que tienen algún vínculo con la oposición, pero que en esencia son líderes comunitarios que están tratando de velar por el bienestar de su comunidad. Las circunstancias de su muerte no han sido corroboradas, puede ser que esté relacionado con el coronavirus. Ante la opacidad del régimen puede que sea una de las tantas víctimas de la desidia del Estado», aseguró a EL MUNDO Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de HRW.

Uno de los delitos de Pantoja fue recibir en uno de sus comedores a Juan Guaidó, presidente encargado del país, «por lo que quedó marcado como opositor al régimen en este afán por controlar a la población con sus fuerzas de seguridad y con el aparato judicial y sus colectivos armados», añadió Taraciuk.

Henderson Maldonado (30 años) también sufrió la ira de la revolución simplemente por ser abogado de derechos humanos. Militares de la Guardia Nacional (GN) le detuvieron en marzo por tomar testimonio de las agresiones contra un grupo de enfermos de cáncer y renales, quienes hacían cola para conseguir tickets de gasolina en Barquisimeto, en el centro del país. Trasladado a la sede central de la GN, el coronel Franklin Meléndez le golpeó en el rostro mientras le insultaba y le llamaba apátrida nada más conocer su profesión. Le esposaron a una columna durante cinco horas mientras le golpeaban en la cabeza y en las manos con una botella de agua helada.

El también abogado de derechos humanos Iván Virgüez (65 años) fue trasladado en abril a una comisaría de Yaracuy donde le censuraron por sus críticas en Facebook contra el manejo de la pandemia y la escasez de gasolina. La policía lo esposó a una tubería metálica suspendida a 60 centímetros del suelo en un patio bajo el sol durante dos horas y después le mantuvieron durante 26 horas esposado y sin poder usar el baño. Permanece en arresto domiciliario por desacato, difamación e instigación a la rebelión.

«En Venezuela la impunidad es un escándalo, la justicia es un apéndice del Ejecutivo, que queda en evidencia con estos casos, donde se ve que el coronavirus no es más que un pretexto para avanzar sin vergüenza con un estado policial que busca controlar a la población y la información que circula en Venezuela cuando compromete a las autoridades», resumió Taraciuk para este periódico.

Con información de El mundo.es

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