La detención de Paty Aguilar y el operativo de recuperación de inmuebles invadidos en Bahía de Banderas

  • Analizando las cosas de forma objetiva, sin percepciones políticas, ni apasionamientos, el actuar de la Fiscalía está apegada totalmente a derecho
  • La orden de aprehensión girada contra la comunicadora no tiene nada que ver con su labor periodística, sino con la comisión de un presunto delito derivado de la venta de lotes adquiridos ilegalmente, presentándose una denuncia por parte del propietario afectado
  • El conflicto inicial es resultado de un despojo al dueño legítimo de unos terrenos ubicados en la Colonia Emiliano Zapata, en San Clemente de Lima en Bahía de Banderas

En el capitalismo y en nuestro país, todas las propiedades tienen dueño, absolutamente nadie puede invadir terrenos porque están baldíos, ni meterse a casas o departamentos al verlos desocupados, los propietarios tienen el derecho inalienable, de promover juicios de desalojo de sus bienes, todos quienes requieren un espacio para vivienda deben pagar por su adquisición, esta situación ha dado pie, para que vivales autodenominados “líderes sociales” por la vivienda, con base a la simulación y el engaño, se aprovechan de la necesidad de la gente y les cobran por meterse a departamentos, casas y terrenos, violando claramente la Ley.

En Bahía de Banderas, causó gran polémica la acción de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Municipal, que este 12 de agosto, desplegaron un intenso operativo para recuperar y asegurar bienes inmuebles invadidos, así como también se procedió al cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por un Juez de Control, en contra de Margarita “N” mejor conocida como “Mago”, que fue quien encabezó junto con otros tres activistas, la invasión al fraccionamiento “La Misión”, que después de alrededor de un año de investigación, respondieron a las denuncias ante el Ministerio Público de la empresa propietaria de estos bienes.

Analizando las cosas de forma objetiva, sin percepciones políticas, ni de cualquier otra índole, el actuar de la Fiscalía está apegada totalmente a derecho, así como  en el proceder del desalojo no hubo abuso de autoridad, como dolosamente y para politizar el asunto lo manejaron algunos y hasta un legislador local en las redes sociales, obviamente se presentaron fricciones normales al inicio del operativo, pero en general los invasores acataron la orden judicial de desocupar un edificio y casas que tenían en posesión totalmente de forma ilegal.

El caso de la periodista Patricia Aguilar Romano

Mención especial merece el otro caso durante la noche del 11 de agosto, el de la periodista “Paty Aguilar”, que lamentamos mucho lo que le sucede, pero hay que aclarar sin apasionamientos, que este problema y su detención, no tiene nada que ver con su combativa labor periodística, sino que ella decidió encabezar una supuesta lucha por terrenos para vivienda, involucrándose en la venta irregular de lotes, que fueron producto de un despojo al dueño legalmente acreditado de unos terrenos ubicados en la Colonia Emiliano Zapata, en San Clemente de Lima en Bahía de Banderas.

Este litigio es del conocimiento generalizado en este municipio, que inició cuando un individuo de nombre Ignacio López Velázquez, quien está preso por el delito de fraude y secuestro, mediante denuncia promovida por Eleno Encarnación Arias, quien es el propietario legítimo del terreno, protegido por los Juicios de Amparo 2606/2018 y 2646/2018,  exponiendo el afectado ante el Ministerio Público, que fue secuestrado, amenazado y presionado con pistola en mano por el “Licenciado Nacho” y sus familiares, para que firmara documentos y despojarlo de su terreno.

Cabe puntualizar que todo esto sucedió bajo el esquema de protección de la Fiscalía del anterior régimen, en la forma de operar ya de todos conocido, en la que dicho sea de paso, se despojaron de terrenos y casas a no pocos ciudadanos, situación generalizada en muchos casos, que recordemos, al cambio de gobierno, fue ventilada públicamente por la denominada “Comisión de la Verdad”, por lo que la autoridad y  la propia Ley reconoció mediante proceso judicial a  Eleno Encarnación Arias como legítimo propietario; complicado pero “Dura lex sed lex”: “la Ley es dura, pero es la Ley”.

Por este motivo, las personas afectadas y el dueño original del terreno, interpusieron denuncias contra la periodista Patricia Aguilar y otros activistas de este supuesto movimiento por la vivienda, por la venta “fraudolenta” de lotes, situación que conocían ampliamente, incluso el propietario Eleno Encarnación, informó que los llamó para lograr una conciliación extrajudicial, lo que no aceptaron y continuaron vendiendo, a pesar que se liberaron exhortos, señalando que todo documento y contrato, firmado por Ignacio López o cualquier de sus activistas, era considerado como falso y por lo tanto se acreditaba la comisión del delito de “Despojo de Inmuebles”, por los terrenos de los que ilegalmente se encontraban posesionados.

En este escenario, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, después de un año de investigaciones y careos con los denunciantes, ejecutó la orden de aprehensión 113/2020, dentro de la Carpeta de Investigación 202/2020 ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en Bucerías, por la probable participación de la comunicadora en la comisión del delito de Despojo de Inmuebles, cometido en agravio de cuatro personas de identidad reservada, ya que dentro de los datos de prueba que aporta el Ministerio Público, se le imputa que retomó el liderazgo de una actividad ilícita, como es la obtención de recursos económicos vendiendo terrenos ajenos, privando de su posesión legítima a particulares.

El episodio de la mañanera con AMLO de hace un año

Cabe aclarar, que todo esto también es resultado de la propia petición de Paty Aguilar, que en la conferencia de prensa mañanera de hace un año con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a donde acudió en su calidad de activista social y no como periodista, exigiendo a la Fiscalía de Nayarit, una investigación exhaustiva y aclaración, que a su opinión personal estaba encarcelado injustamente Ignacio López, así como la presunta desaparición de uno de sus hijos, acusando de este hecho a elementos policiacos de su secuestro, que se investiga, pero que es un asunto independiente del litigio por los terrenos.

Desde su denuncia pública, la autoridad federal sugirió a la Fiscalía estatal llegar al fondo de este asunto, incluso a la periodista se le asignaron dos escoltas armados, dentro del programa de protección a periodistas y activistas sociales, pero resulta que durante este tiempo, el Ministerio Público, con base en testimonios de testigos, también los acusan de ser copartícipes en las actividades de venta de lotes, por lo que igualmente se les fincarán responsabilidades, siendo puestos a disposición de un Juez de Control para que defina su situación legal, porque se apartaron del noble fin para el que fueron asignados, que era únicamente garantizar la seguridad de la hoy imputada.

Ante estos hechos y pruebas,  en definitiva que no hay ninguna venganza política por la participación de Paty Aguilar en la mañanera con el Presidente AMLO, ya que ni el Ministerio Público, ni el Juez de Control, ni la Fiscalía, actuaron al margen de la Ley, se apegaron a las indagaciones de la carpeta de investigación, no se fabricaron delitos como lo especulan algunos, únicamente aquellos que fueron denunciados por los propios afectados y el dueño legítimo del terreno Eleno Encarnación Arias.

El papel del “Licenciado Nacho”

Queda claro, que el encarcelado Ignacio López Velázquez, fue desde el principio el incitador y fraudeador principal, que engañó a los compradores de buena fe, que hizo creer a la propia Paty Aguilar y se aprovechó de su condición de comunicadora, para usarla y presionar periodísticamente a las autoridades, que incluso es sincera su lucha por la vivienda, aunque ya la determinación de la autoridad judicial, es que la obtención de estos terrenos que vendían y repartían, no fue indiscutiblemente de manera legal, sino que provienen de un despojo y es por lo que ahora están enfrentando a la justicia, no por su permanente labor periodística y de comunicación.

Incluso el “Licenciado Nacho” tiene un abanico de denuncias por los afectados a quienes engañó y quieren recuperar lo que invirtieron en esta venta de terrenos, además de que se le suma la acusación de un abogado agrario de nombre César Chávez, a quien en julio del 2018, amenazó de muerte con sujetos armados en las inmediaciones de la oficina del Ejido de Valle de Banderas, a donde acudió a tramitar una sesión de derechos de un terreno, de los que “Nacho López” se adjudicó en su larga carrera en el despojo de bienes inmuebles, por lo que también está preso por amenazas y lesiones. Simplemente esta persona es todo un “pájaro de cuenta” que envolvió a mucha gente que hoy paga caro su ingenuidad.

Compromiso de la Fiscalía

La Fiscalía General en un comunicado oficial, refrendó su compromiso para con la sociedad, en cuanto a combatir la impunidad garantizando a su vez el estricto respeto a los derechos humanos con los que cuentan los ciudadanos, así como al debido proceso que enfrentan los detenidos por este delito de “Despojo de Inmuebles”.

Finalmente, retomó la afirmación del periodista acaponetense Héctor Gamboa Soto, por considerarla certera y acorde a la situación:

“El derecho de muchos a tener vivienda, no autoriza invadir terrenos particulares. Existen mecanismos legales y de gestión ante autoridades correspondientes, para buscar un pedazo de tierra. La lucha social no debe estar aparejada al despojo, al fraude y a la violación de la Ley.

Pero vivimos en tiempos de anarquía disfrazada de reivindicación. Los luchadores sociales acatan al pie de la letra la máxima que dice que el que sirve a la iglesia, se sirve de la iglesia.

Y se sirven con la cuchara grande, pues piden cantidades de dinero a los supuestos beneficiarios, por sus «servicios». Nada es gratis y el afectado final, es siempre el jodido que busca un beneficio. Triste, pero así es”. Va.

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