– ¿Y todavía quiere volver a ser electo?
– ¿A esto se refería cuando dijo si no me abren la casa la compro? En Bahía de Banderas, el señalamiento contra el regidor José León Olvera exige explicaciones con documentos. Una mujer de Mezcales asegura haberle vendido una propiedad en 2.8 millones de pesos y recibido 1.5 millones en efectivo, quedando un saldo pendiente. Es su versión, todavía por acreditar. Lo que también nos preguntamos es ¿cómo se habría realizado un pago de ese tamaño en billetes y bajo qué sustento legal? La llamada ley antilavado establece restricciones al efectivo en operaciones inmobiliarias. Su artículo 32 fija un umbral de 8,025 UMA, equivalente, desde febrero de 2026, a 941,412.75 pesos. El millón y medio señalado rebasa esa referencia. Para determinar una posible infracción, es indispensable conocer la fecha del pago, la documentación y las disposiciones aplicables entonces.
Si se acredita la entrega en efectivo y que rebasó el límite aplicable, podría existir una infracción a la ley antilavado, que contempla sanciones por participar en operaciones prohibidas. Esto no demuestra, por sí solo, lavado de dinero ni un origen ilícito de los recursos. Pero sí justifica exigir claridad sobre cómo se pagó y cómo quedó registrado. Lo que ahora cuestionamos es si ¿existió ese pago? Y ¿De dónde provenían los recursos? ¿Qué dicen el contrato, los recibos y, si hubo escrituración, el instrumento notarial? Con la información disponible no puede darse por probada una ilegalidad. Precisamente por eso hacen falta documentos y su respuesta puntual.
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