Bahía de Banderas se ha consolidado como el epicentro del desarrollo turístico de más alta plusvalía del sur de Nayarit, codiciado por inversionistas nacionales y extranjeros para desarrollos hoteleros y condominales de lujo, ha convertido a la tierra en un activo de elevado valor financiero y en los últimos años, esta zona costera ha sido objeto de múltiples intervenciones institucionales, como el Mega Operativo Nuevo Nayarit iniciado en 2022 y continuado con incautaciones masivas en 2025 y 2026, mediante los cuales se han asegurado fraccionamientos, lotes de playa y desarrollos inmobiliarios bajo el argumento de recuperar bienes vinculados a viejas irregularidades del extinto Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).
Sin embargo, el despliegue de estos procesos judiciales ha generado fuertes severidades e inconformidades entre propietarios y defensores legales ya que diversos grupos de litigantes sostienen que la estrategia de aseguramientos ha rebasado los cauces del combate a la corrupción, derivando en presuntas acciones coordinadas para forzar el despojo de terrenos privados de alto valor comercial en favor de nuevas entidades administrativas.
En medio de estos señalamientos, se encuentra el actuar de Javier Alberto Rivas González quien de acuerdo con litigantes del sector, el juez de control ha concentrado de forma recurrente las carpetas de investigación de Bahía de Banderas y la defensa denuncia que por en lugar de apegarse al debido proceso, se ha vuelto una práctica constante imponer la medida cautelar de prisión preventiva en casos de presunto despojo, a pesar de que la legislación penal no contempla dicha privación de la libertad como obligatoria para este tipo de conductas.
A estos señalamientos sobre el uso cautelar del sistema penal se suma la denuncia por limitación al ejercicio de la defensa donde en una de las más recientes audiencias públicas relativas a estos terrenos, el juez Rivas González emitió un apercibimiento formal contra los abogados representantes, advirtiéndoles que, en caso de difundir los audios o videos de las diligencias a los medios o redes sociales, la representación social procedería penalmente en su contra por presunta desobediencia a un mandato judicial.
Ante lo que califican como un patrón de amedrentamiento y un uso indebido de las medidas cautelares para acorralar a los legítimos poseedores y sus representantes, la defensa legal anunció que acudirá ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación y a organismos internacionales de derechos humanos; además , se buscará que se revisen de manera independiente las determinaciones del juez de control, a fin de garantizar la seguridad jurídica del patrimonio inmobiliario en la costa nayarita.
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