La inconformidad social en Punta de Mita creció hoy luego de que habitantes denunciaron una presunta invasión a zona federal marítimo-terrestre derivada de una construcción que, aseguran, limita el libre acceso a la playa. En medio del creciente enojo ciudadano, comenzaron a arribar elementos de la policía estatal y de la Fiscalía General de Nayarit, ante el riesgo de una manifestación que podría derivar en el bloqueo de la carretera.
De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, vecinos acusan hostigamiento por parte de autoridades y advierten que el acceso a playas —derecho garantizado por ley— estaría siendo vulnerado. Incluso, algunos ciudadanos han llamado a documentar lo que ocurre y a visibilizar el conflicto, mientras crece la percepción de que el proyecto favorece intereses privados por encima del interés público. Sin embargo, versiones oficiales sostienen que la obra cuenta con los permisos correspondientes y que su desarrollo es completamente legal.
En la zona ya se observa presencia operativa de cuerpos de seguridad, quienes buscan evitar cualquier intento de bloqueo carretero. La situación se mantiene tensa. Mientras tanto los vecinos se preguntan ¿se está protegiendo la legalidad o conteniendo el descontento social? Y más aún, ¿quién garantiza que el acceso a las playas no se convierta, otra vez, en un privilegio y no en un derecho?
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