Es verdaderamente preocupante de la manera que se ha evidenciado una creciente corrupción entre los comandantes Aristeo Sánchez, Horacio Raciel Martínez, Marcos Antonio Mayorga, Eligio Servando Ávalos Cabello, Marcos Briones y José Antonio Romero, todos ellos de la policía estatal que ahora lideran la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas. Fuentes confiables indican que estos funcionarios están brindando protección injustificada a las grúas Riviera, las cuales operan con placas federales y carecen de la concesión estatal requerida.
Este acto de favoritismo no solo pone en tela de juicio la integridad y la ética de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y el cumplimiento de la ley en la región. Al permitir que estas grúas operen sin la debida autorización, se socava el estado de derecho y se pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Es imperativo que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer estas acusaciones de corrupción y se tomen medidas enérgicas para garantizar que la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas opere con total transparencia y apego a la ley. La confianza de la comunidad en sus instituciones de seguridad es fundamental para el mantenimiento del orden y la paz social.
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