Nicolás Maduro hizo el pasado fin de semana un anuncio que sorprendió a muchos.
El presidente de Venezuela dijo que su país comenzará a probar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Rusia, y que su hijo y su hermana estarían entre los voluntarios en los ensayos.
Pocas horas antes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, había infomado en la televisión estatal de la llegada al país sudamericano del primer cargamento de Sputnik V, como se llama la vacuna, mientras a su mensaje se superponían las imágenes de los operarios descargando las bodegas de un avión ruso en el aeropuerto de Caracas.
Kirill Dimitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID), el fondo soberano ruso que promueve la vacuna confirmó el 2 de octubre que «Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en iniciar ensayos clínicos de la vacuna».
Científicos occidentales han puesto en duda la validez del medicamento por la rapidez con la que las autoridades rusas aprobaron su producción y suministro, y por no haber agotado las etapas habituales de prueba, pero el FRID informó de que ha recibido solicitudes de más de 50 países, también en América Latina, donde México y Brasil ya figuran en la lista.
Para Venezuela, Rusia ha sido durante años uno de sus grandes valedores internacionales, vital para resistir la presión y las sanciones impulsadas por Estados Unidos, que considera a Maduro un «dictador».
El mandatario venezolano agradeció a su homólogo ruso, Vladimir Putin, la llegada de la vacuna.
Las autoridades venezolanas habían informado hasta este jueves de 80.404 casos de coronavirus y 671 fallecidos, cifras más bajas que las de muchos países de su entorno.
Aunque, con un sistema de salud deteriorado, una larga crisis económica y gran parte de la población dependiente del sector informal, numerosas voces han alertado del grave impacto social de la pandemia en un país que vive una de las cuarentenas más estrictas del continente desde marzo.
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