El Poder Legislativo del Estado de Nayarit en el ejercicio de sus facultades legales, aprobó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Nayarit y remitió al ayuntamiento de Bahía de Banderas, el dictamen y resolución aprobada con la finalidad de recabar el sentido del voto, el cual fue aprobado por el cabildo local municipal.
El diputado local Manuel Ramón Salcedo Osuna, fue quien presentó el día 19 de septiembre pasado la iniciativa que tiene por objeto, reformar los párrafos primero y segundo del artículo 100 de la Constitución de Nayarit, siendo esta aprobada una vez que se realizó el estudio y rendición del dictamen correspondiente.
En esta iniciativa, la propuesta de la reforma tiene como objetivo contribuir al perfeccionamiento de la Fiscalía General del Estado, en aras de fortalecer su autonomía señala el documento remitido al ayuntamiento de Bahía de Banderas.
En ese sentido propone reformar el artículo 100 de la Constitución Política de Nayarit que sustenta jurídicamente a las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y aquella encargada de los temas anticorrupción; a efecto de cambiar el proceso de designación de los titulares de dichas fiscalías especializadas, m esto es, que para su designación no quede supeditada al Fiscal General, sino que sea la legislatura local quien tenga a su cargo, tan importante encomienda.
Se estima que resulta indispensable instituir entes encargados de vigilar y sancionar aquellos actos u omisiones que pudieran ser catalogados como delitos, tanto en materia electoral como de corrupción, con la finalidad de crear los organismos idóneos para que el sistema local anticorrupción tenga una eficacia plena, y fomente la prevención y corrección de las conductas que contravengan al marco normativo.
La Comisión Parlamentaria del Estado, estima que el punto fundamental para garantizar el debido funcionamiento de las fiscalías señaladas, se centra en procurar que sus titulares sean designados mediante un procedimiento autónomo y transparente, en el cual no se vean inmiscuidos intereses de terceros y se garantice que la designación atienda los criterios objetivos.
Bajo dicho contexto, se faculta para que sea el Congreso del Estado, quien designe a los titulares de las fiscalías especializadas, permitiendo garantizar un procedimiento libre de vicios, sustentado en los principios de publicidad y transparencia, en el que se contemple la emisión de la convocatoria pública y abierta, que permita la postulación de candidatos que acrediten su aptitud, para ocupar los cargos señalados, mediante una evaluación de conocimientos teóricos y practico, control de confianza y escrutinio social.
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