Que un servidor público viole (o permita violar) la ley a cambio de dinero es inmoral, contra toda ética y, en muchos casos, un delito. Siempre es corrupción, porque no se actúa conforme a la ley y el espíritu del servicio público; e invariablemente se afecta a la sociedad, de una u otra manera.
Todos hablamos de que son corruptos los agentes de policía y de tránsito que aceptan una «mordida» a cambio de «perdonarnos» una falta que cometemos, ya sea que nos pasamos un alto del semáforo, que nos estacionamos en zona prohibida, que hacemos una necesidad fisiológica en la vía pública, etcétera.
Efectivamente, el policía o el agente vial que no aplica el reglamento o la ley a cambio de una dádiva, es un corrupto y debe ser sancionado. Pero igual debe hacerse cuando un funcionario de mayor jerarquía también viola la ley y los reglamentos para beneficiar o favorecer indebidamente a alguien para que haga un negocio, obtenga un contrato o un servicio al que no tiene derecho, como es el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien recibió un soborno de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de jugosos contratos por 115 millones de dólares, dejando fuera de competencia a otras empresas que sí se apegaron a la ley, más serias, profesionales y eficaces, que hacían trabajos de mejor calidad a menor precio.
También se comete corrupción cuando a cambio de un soborno millonario, el alcalde y los directores de Obras Públicas, y de Desarrollo Urbano y Ecología, autorizan una obra que no reune los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos, como ocurrió con el Oxxo que fue construido en la playa de Sayulita, y que acaba de ser demolido porque otras autoridades, federales y estatales, descubrieron las irregularidades. Haber recibido ese millonario soborno a cambio de afectar ese destino turístico, al medio ambiente, a otros comerciantes y a la sociedad en general, debe ser motivo de sanción, y tal vez hasta de prisión, pero en Nayarit no se mete a la cárcel a los bandidos de cuello blanco.
¿Cuántos casos más como el de ese Oxxo de Sayulita hay en Bahía de Banderas? Es difícil saberlo, pero ahí mismo en Sayulita se está construyendo un hotel de siete niveles que está violando todas las normas reglamentarias y está poniendo en riesgo la categoría de «pueblito mágico» que a duras penas logró ese lugar. Se dice que a pesar de todas las irregularidades y el riesgo que representa ese hotel, el ayuntamiento lo autorizó porque hubo sobornos al alcalde y a sus funcionarios y sólo así se explica que la obra continúe adelante.
Lo cierto es que por cada una de esas construcciones irregulares el alcalde y sus cómplices recibieron sobornos, mismos que no se pueden rastrear ni cuantificar más que haciendo auditorías fiscales a los corruptos, situación que aprovechan estos pillos para burlarse del pueblo cuando les dicen rateros o corruptos. Piden pruebas a sabiendas de que el ciudadano común no puede obtenerlas y mostrarlas. Por eso en muchos casos se habla de «enriquecimiento inexplicable» o «enriquecimiento ilícito», porque se les ve lo que han comprado, sus ranchos, sus mansiones, sus departamentos y nuevos negocios, pero no se les puede comprobar que esas adquisiciones las hicieron con dinero malhabido, producto de la corrupción, porque son dineros que nunca entraron en ninguna contabilidad, porque fueron sobornos.
Igual sucede en los casos en que el alcalde y los directores de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Ecología, autorizaron desarrollos inmobiliarios, fraccionamientos nuevos o ampliaciones que no reunían los requisitos establecidos por la ley, pero que se aprobaron también a cambio de «moches» o sobornos con los cuales esos funcionarios públicos (sobretodo el alcalde) han adquirido ranchos, casas, terrenos, departamentos, vacas, caballos finos y vehículos de lujo, además de haber engordado sus cuentas bancarias y haberles pagado operaciones de senos, nalgas y liposucciones a sus amantes de ambos sexos. Todos estos sobornos millonarios fueron recibidos «por debajo del agua» y por eso no hay registro de ellos, no hay pruebas, y por eso no serán descubiertas esas irregularidades en las cuentas públicas y registros contables que se hacen llegar a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior del Estado (antes Órgano Superior de Fiscalización), y sólo serán visibles cuando el nuevo gobierno realice auditorías a esas obras y desarrollos inmobiliarios, cuando se descubra que tal empresa está construyendo 500 viviendas y sólo pagó licencias de construcción de 200; cuando se descubra que otra empresa está construyendo viviendas más grandes (para venderlas más caras) que los planos autorizados (que correspondían a viviendas de interés social y por ello pagaron impuestos y licencias mínimas), o cuando se descubra que se está haciendo una unidad habitacional en un terreno de alto riesgo, donde no se debería construir por ser zona inundable, etcétera, o cuando el proyecto se autorizó sin contar con los documentos que marcan las normas.
Así pues, es muy probable que el corrupto alcalde presente cuentas claras del dinero que recibió y administró por las vías institucionales, pero tal vez nunca sabremos todo lo que recibió de «moches bajo el agua» (sobornos), por autorizar obras y desarrollos inmobiliarios que no reunían los requisitos de ley y no se apegaban a los reglamentos. Ni tampoco sabremos los moches y sobornos que le dieron las empresas que pavimentaron algunas calles, y que no fueron licitadas conforme a la ley. Mucho menos sabremos cuánto dinero recibió por los pagos que hicieron esos 2 mil 300 vendedores ambulantes no registrados en la Tesorería Municipal pero que todos los días pagaron su «plaza» durante estos tres años. Pero que no sepamos la cifras exactas ni existan pruebas o registros, no quiere decir que no sea corrupto y ladrón. Es corrupto, indiscutiblemente. Y podría ser metido a la cárcel si las autoridades federales le realizan una auditoría fiscal para comprobar por lo menos los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los mismos delitos que tienen en la cárcel a Esther Gordillo, Granier, Duarte y otros, que no pudieron demostrar que sus enormes riquezas no correspondían a sus ingresos declarados ante la autoridad.
Como vemos, la mentada «transformación» fue un mar de corrupción igual o peor que los del trienio de la Rata Cervantes, su cuñado y maestro.
Etiquetas: Bahía de Banderas, Turismo
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