La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) se conforma por las 32 Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas y es presidida por la Fiscalía General de la República. El 6 ded de 2019, durante la XLII Asamblea Plenaria de la CNPJ, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el proyecto del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP). Este proyecto es resultado de meses de trabajo coordinado entre el Instituto y las Fiscalías y Procuradurías estatales del país.
El SENAP es una iniciativa de la CNPJ, de implementación gradual y con visión de largo plazo, cuyo objetivo es que las instituciones de procuración de justicia del país cuenten con información estadística oportuna, integral, completa, valiosa, consistente y coherente para la toma de mejores decisiones.
A petición de la CNPJ, dicha iniciativa contará con la coordinación conceptual y metodológica del INEGI, órgano autónomo y coordinador del Sistema Nacional de Estadística y Geografía e invitado permanente de la CNPJ, a fin de garantizar el apego a los Principios Fundamentales de las Estadísticas
Oficiales aprobadas por las Naciones Unidas. Principios que son usados de manera regular por el Instituto en sus programas de información estadística para efectos de atender las metodologías y mejores prácticas internacionales.
El SENAP servirá para que las autoridades federales, estatales y locales, organismos internacionales, el sector académico, sociedad civil y la ciudadanía en general accedan a información estadística de
mayor calidad, de manera homogénea, con mayor completitud y oportunidad, y con ello mejorar la confianza en la información y en las instituciones de procuración de justicia. Este proyecto resultó de diagnósticos realizados por el INEGI y por el Grupo de Trabajo de Procuradurías y Fiscalías, conformado para este fin, en el marco de la CNPJ. En estos diagnósticos, el INEGI documentó que las Fiscalías/Procuradurías locales responden al menos cincuenta paquetes
de requerimientos de información solicitados por diversas autoridades federales y estatales, relacionados con datos de las carpetas de investigación/averiguaciones previas, lo que implica alrededor de 3 000 distintos reportes al año.
Esto representa problemas importantes para las Procuradurías y Fiscalías estatales dados los altos costos de operación para atender estos requerimientos múltiples; mientras que de manera constante se visibilizan o enuncian heterogeneidad, contradicciones e inconsistencias entre los datos difundidos, lo que redunda en baja calidad y confiabilidad de la información.
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