“No es tan culpable el que desconoce un deber como el que lo acepta y lo pisa”: Concepción Arenal.

La FGR determinará si ex funcionarios incurrieron en delitos: AMLO

Llama a empresas a revisar contratos con la CFE para reestructurarlos

Ciudad de México, 12 de febrero de 2019.- Limpiar al país de corrupción no es una tarea sencilla y mucho menos rápida si, al mismo tiempo, se pretende el establecimiento del Estado de Derecho. En la conferencia mañanera del Ejecutivo federal, el titular de la CFE dio a conocer nombres de personajes del pasado cuyo poder se sumó al absoluto ejercido desde la Presidencia. Y, como se ha visto, en el sector energético por fraudes, desvíos, robos, abusos, no se ha parado durante décadas. Aunque habrá de dejarse muy claro ninguno de los mencionados se quedó al margen de la información y señalamientos sobre las actuaciones de las mencionadas ayer.

Ex funcionarios federales de los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón son los responsable del deterioro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual pasó de producir el 100% de la energía consumida en el país a menos del 50% actualmente;  crearon un “esquema perverso” y se involucraron en una “asociación inmoral” con empresas privadas del sector energético que posteriormente se han visto beneficiadas con contratos de venta de energía. Por esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existen elementos y se abre una investigación contra ex directores de Pemex y la CFE, quienes ofrecen asesoría a empresas del sector energético.

Durante una conferencia de prensa con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, acusó y señaló a ex secretarios de Estado y ex funcionarios de la CFE, y que tienen o han tenido actividades en el sector energético privado en empresas como Iberdrola y Sempra Energy, entre otras: José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia con Salinas de Gortari y actual propietario de la empresa Proveedora de Servicios de Energía S. A. de C. V.; Jesús Reyes Heroles González-Garza, ex secretario de Energía y ex director de Pemex, hoy presidente de Energa, quien ha tenido participación en consejos consultivos de empresas como
Energy Intelligence Group y Morgan Stanley Energy Partners.

También: Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, y presidente del Consejo y director general del North American Infraestructure Group de Sempra Energy; Luis Téllez, secretario de Energía y de Comunicaciones en los sexenios de Zedillo y Calderón, y actual asesor senior de Kohlberg Kravis Roberts; Alfredo Elías Ayoub, director de CFE con Zedillo, Fox y Calderón; y el propio Felipe Calderón, secretario de Energía en el sexenio foxista y quien fue consejero independiente de Avangrid; Georgina Kessel Martínez, titular de Energía en el sexenio de Calderón, y ahora consejera independiente de Iberdrola; Jordy Herrera Flores, titular de Energía en el sexenio de Calderón, quien a través de SHL Asesores ha fungido como bróker de Repsol y Gas Natural Fenosa; y Alejandro Fleming Kauffman, jefe de Asuntos Jurídicos de la Sener con Calderón y actualmente secretario no miembro de Iberdrola México e Iberdrola México Renovables.

El presidente López Obrador indició: “no se había presentado nada, pero ahora, como ya se dio a conocer, se va a dar vista a la Fiscalía General, si es que existe algún delito, que ellos decidan”. También anunció que ante esa situación, se trabaja en una iniciativa de ley para prohibir que funcionarios, una vez concluida su labor pública, trabajen en empresas privadas relacionadas con el sector en su encargo en los siguientes diez años. También descartó la posibilidad de impulsar una nueva reforma en el sector energético.

Ha sido muy fuerte el impacto logrado al dar a conocer los nombres de los funcionarios ligados al saqueo en la CFE y en ellos se ve claramente la participación de empresas generadoras de energía en las cuales han llegado al extremo de desempeñarse como empleados, entregando cualquier cantidad de información privilegiada la cual les ha permitido invertir en zonas altamente productivas, multiplicar sus utilidades y firmar convenios de venta de energía en condiciones insuperables, todo con cargo a la CFE, en otra de las múltiples formas de despojo.

Sin embargo y dado que este servicio se entrega a cientos de millones de familias mexicanas, falta frenar los excesivos cobros al alterarse las lecturas reales de los medidores, ignorarse los promedios de consumo registrados durante muchos años, y es urgente la implementación de una dependencia en donde puedan resolver todas las inconformidades ya que la Profeco ha resultado incapaz de hacerlo y acepta sin chistar las determinaciones de la CFE aún y cuando existan dictámenes en contra surgidos del Instituto por ellos creado. Los usuarios domésticos están totalmente desprotegidos ante tantos abusos.

Apenas la semana anterior el Sindicato Mexicano de Electricistas –receptor de felicitaciones presidenciales días antes- envió a Manuel Barttlet un comunicado en el cual dejó sentir el peso de la organización llegando al grado de señalarle la imposibilidad de contratar personal de confianza unilateralmente, antes debería ser calificado por los sindicalizados una vez acreditada su experiencia y un perfil que solamente ellos conocen. El responsable de la CFE dio respuesta inmediata a este texto.

REVISARÁN CONTRATOS DE IP CON CFE

AMLO condenó los contratos “leoninos” en detrimento de la situación financiera de la CFE. Acusó que con el aval de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se impusieron condiciones leoninas que obligan a la CFE a pagar a particulares el suministro de gas, aunque no se garantice el abasto por “causas de fuerza mayor”. Manuel Bartlett precisó que la CFE estaría obligada a pagar hasta 60 mil millones de dólares si se mantienen estas condiciones en los contratos. Por eso, López Obrador llamó a empresas que tienen acuerdos con la CFE a revisar contratos para reestructurarlos y no aumentar los precios de la energía eléctrica. También reportó hay 7 gasoductos parados por los que la CFE debe erogar 21 mil millones de dólares, lo cual daña las finanzas de la empresa. Las empresas propietarias de los ductos que están detenidos son Carso, IEnova y TransCanada. A la Comisión Reguladora de Energía (CRE),  el titular del Ejecutivo federal la acusó de conspirar en contra de la CFE. El mandatario anunció que a partir de este lunes enviará ternas con propuestas para Consejo de CRE, Consejo de Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

RAPIÑA SINDICAL

Regular estas operaciones tampoco es sencillo, menos aún con ese vaivén con los sindicatos de CFE y Pemex. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana consiguió un amparo para no entregar la información solicitada sobre su líder e inclusive sobre los contratos celebrados con la petrolera. Para evitar la aprehensión de Carlos Romero Deschamps, otro juez le otorgó, mediante el pago de diez mil pesos como garantía, el amparo correspondiente. Habrá de señalarse que tales redes de protección se expidieron en el Estado de México, justo en la tierra de quienes no se conformaron con el Atracomucho, sino extendieron sus redes a todos los rincones del país, incluyendo a la CDMX.

DE LOS PASILLOS

Más de una interrogante se despertó al conocerse la determinación de enviar a las arcas de la SEDENA el producto de la operación del Aeropuerto todavía conocido como Santa Lucía. Y, no es para menos cuando se sabe deben darle a esa dependencia, de entrada, la concesión de la operación. No se sabe cuál será la reacción de las aerolíneas extranjeras al aceptar aterrizar en una terminal operada por las fuerzas armadas. Por si fuera poco, hay impuestos que ahí se pagan y supuestamente deben ingresar a Hacienda, así como el pago del combustible va a dar a Pemex. Al advertirse entrará en servicio aproximadamente dentro de tres años, es de suponerse se buscará entre a los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes y es entonces, se supone, ya se habrá dado respuesta a las inquietudes surgidas.

Hace 40 años entraron en vigor una serie de apoyos a los ex gobernadores. Favorecidos siguen: Alfredo Baranda, presente en las privatización de Teléfonos de México; Ignacio Pichardo Pagaza, segundo titular de la Secretaría desde donde se buscarían y encarcelaría corruptos con cero resultados; Emilio Chuayffet Chemor, conocido por las regadas políticas hechas en la Cámara de Diputados, en su segunda oportunidad en la Segob y para cerrar con broche de oro en la SEP; César Camacho Quiroz, cuyo gobierno fue gris y como corresponde, chaparro; Arturo Montiel Rojas, protagonista de escándalos maritales superados por los de su sobrino Peña Nieto, además de ser señalado como el corrupto mayor; de Enrique Peña Nieto nada puede agregarse al ocupar un cargo superior, mismo que alcanzó un punto mayor de acuerdo con sus ambiciones; Eruviel Ávila es el último de la lista pero no por ello distinguido por saqueos y abusos menores. Los morenistas les quitarán todas las prebendas y ello será en muy poco tiempo.

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