Trump demanda a California por defender a indocumentados

Estrella porno interpone querella para poder contar sobre su relación con el magnate
Jeff Sessions acusa al gobernador y al procurador del estado de obstruir las leyes federales

 

Primero lo importante (porque el sexo en la política siempre es un tema más atractivo que la polítiica misma): una estrella de pornografía está demandando al hombre más poderoso del mundo para poder contar su aventura íntima con Donald Trump hace una década.

Mientras tanto, el gobierno de Trump, en su ofensiva antimigrante, atacó al estado de California. El procurador general, Jeff Sessions, presentó una demanda contra el gobierno del estado este martes, que incluye al gobernador, Jerry Brown, y al fiscal general estatal, Xavier Becerra, por promulgar una ley de medidas en defensa de los inmigrantes y de no cooperación de las autoridades estatales con las agencias de migración, argumentando que obstruyen la aplicación de leyes federales.

Sessions –quien como senador federal fue uno de los legisladores más antimigrantes– arremetió contra la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, por alertar a su población sobre inminentes redadas de migrantes la semana pasada. ¿Cómo te atreves a arriesgar, sin necesidad, las vidas de fuerzas de la ley sólo para promover tu agenda radical de fronteras abiertas?, acusó. En un discurso en Sacramento, adonde llegó para promover la demanda ante fuerzas policiacas, declaró que el gobierno de Trump está luchando contra estas políticas injustas e inconstitucionales que han sido impuestas sobre ustedes.

El gobernador Brown respondió por Twitter que “en momentos de agitación política sin precedente, Jeff Sessions ha llegado a California para dividir y polarizar aún más. Jeff, estas acrobacias políticas podrán ser la norma en Washington, pero no funcionan aquí. Triste”. La última palabra es una burla directa a Trump, quien frecuentemente escribe tuits para criticar a la oposición, que concluyen así. Más tarde, ante los medios, acusó que Sessions básicamente está lanzando la guerra contra el estado de California.

El fiscal general Becerra declaró que California está en el negocio de seguridad pública. No estamos en el negocio de las deportaciones y negó que el estado incumpla la ley federal.

Kevin de Leon, el líder del Senado estatal, afirmó que California no está dispuesta a arrebatar a niños de los brazos de sus madres, y agregó que en ese estado rehusamos ayudar al gobierno de Trump a deshacer a familias honestas y trabajadoras.

En el primer año del gobierno de Trump, el número de inmigrantes sin antecedentes criminales arrestados por la agencia de migración ICE se incrementó 171 por ciento, comparado con el año anterior, constatando que las redadas masivas tienen el objetivo de detener a cualquier persona indocumentada, y no sólo a los que representan alguna amenaza a la sociedad, como insiste el gobierno del magnate.

Desde el inicio, Trump y Sessions han buscado castigar a cualquier entidad que se atreva a declararse santuario. En el caso de ciudades y estados, eso implica que sus fuerzas de seguridad pública no cooperan con las agencias federales en la persecución de inmigrantes indocumentados.

Regresando a Washington, donde Sessions ha estado en la lista de espera para ser expulsado de este gobierno por su jefe, el anuncio de la renuncia del principal asesor económico de Trump, Gary Cohn, continuó alimentando la percepción de volatilidad y lo que algunos llaman una fuga de cerebros de la Casa Blanca.

Más allá de representar una derrota del ala pro libre comercio dentro de este gobierno, el anuncio sorpresivo de Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y de aluminio fue una comprobación más de una Casa Blanca caótica y manejada, a veces, sólo por capricho de su jefe.

El anuncio de Cohn, tuvo consecuencias no sólo dentro del Poder Ejecutivo –un funcionario de la Casa Blanca lo calificó de desastre–, sino en sectores empresariales y en la Bolsa de Valores, ya que era considerado como el hombre clave de estos sectores en la Casa Blanca.

Más aún, esta renuncia ahora es parte de un éxodo sin precedente. Hace un mes, el secretario de equipo de Trump, Rob Porter, renunció después de ser acusado de abuso físico por dos ex esposas, y poco después se produjo la salida de Hope Hicks, directora de Comunicaciones y una de las asistentes de más confianza del presidente –y novia de Porter–. Ya no hay esperanza en la Casa Blanca; renuncio, fue una broma inmediata (Hope significa Esperanza en español).

Según nuevos cálculos, la fuga de personal en la Casa Blanca desde el inicio de esta presidencia supera 40 por ciento en poco más de un año, según la experta Kathryn Dunn-Tenpas, de la Brookings Institution. Mientras permanecen vacantes cientos de puestos en la rama ejecutiva, algunos reportan que hay cada vez mayor renuencia de gente calificada a trabajar en esta presidencia, y a la vez, el personal que ya está adentro se preocupa cada vez más por si saldrá embarrado en las investigaciones sobre el presidente.

Una de las pocas colaboradoras de Trump que no está entre quienes se especula buscarán huir, por ahora, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, visitó este miércoles la preparatoria en Parkland, Florida, donde ocurrió el tiroteo en el que perecieron 17 estudiantes y maestros hace tres semanas. Según contaron algunos asistentes, rehusó permitir que los jóvenes le hicieran preguntas. Visitaste nuestra escuela sólo por la publicidad y evitaste nuestras preguntas los 90 minutos que estuviste aquí, acusó Aly Sheehy, alumna sobreviviente, en un tuit.

Pero regresando a lo más importante: Stormy Daniels –cuyo nombre real es Stephanie Clifford– interpuso una demanda buscando que un juez anule el acuerdo que firmó poco antes de las elecciones de 2016 para guardar silencio sobre su relación íntima con Trump y para evitar que el abogado personal del presidente continúe con un proceso de arbitraje que ha impulsado contra ella para continuar tratando de callarla. Argumenta que el contrato no es válido porque Trump nunca lo firmó, sólo su abogado.

Daniels confirma en la demanda que tuvo una relación sexual con Trump que comenzó en 2006 y duró varios meses hasta 2007, con encuentros en hoteles en Beverly Hills y el Lago Tahoe. Su abogado afirmó que es hora de que ella cuente su historia y que el público decida quién está diciendo la verdad, y sostuvo que no había duda de que el presidente sabía del acuerdo en que el abogado personal de Trump le pagó 130 mil dólares para no comentar su relación unos días antes de la elección. El abogado de Trump ha dicho anteriormente que Trump niega que existió tal relación, que la Organización Trump o la campaña no fueron participantes en el acuerdo, y que él personalmente desembolsó el pago, pero no ha respondido si Trump sabía del pago.

“Lo que es divertido en la acción legal de Stormy Daniels es que coloca al presidente de Estados Unidos en la posición nada envidiosa de argumentar: ‘no tuve un affaire con esta mujer ni busqué callarla, ah, y por favor, hagan cumplir el acuerdo que le prohíbe hablar sobre esto”, comentó David Simon, periodista y gran creador de series de televisión como The Wire.

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