La polémica por las obras en la playa Las Cocinas, en Punta de Mita, escaló más allá del terreno ambiental y hoy abre un debate jurídico y político. El punto central es claro: de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, las playas en México son bienes de la Nación, de uso público y libre acceso, por lo que ningún Ayuntamiento puede autorizar obras por sí solo.
A esto se suma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en su Artículo 28 establece que cualquier intervención en ecosistemas costeros requiere autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante instrumentos como la Manifestación de Impacto Ambiental. En caso de irregularidades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene facultades para clausurar obras, sancionar y ordenar la restauración del daño.
Sin embargo, el conflicto ya no es solo legal. Mientras la competencia es federal, la presión política y social recae en autoridades locales. En redes, las posturas están divididas: hay quienes señalan directamente a Héctor Santana García y otros que advierten un trasfondo político.
El caso Las Cocinas se convierte así en un punto de choque entre ley, poder y exigencia ciudadana.
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