Este martes se llevó a cabo la audiencia intermedia de Alejandro N, señalado como presunto autor material del feminicidio de Ángela Birkenbach, en la que la Fiscalía General de Nayarit solicitó una pena de hasta 75 años de prisión y durante la diligencia, se admitieron más de 200 medios de prueba en su contra que serán presentados en el juicio oral, mientras que la defensa no ofreció pruebas de descargo.
Se esperaba que el acusado optara por un procedimiento abreviado que permite una reducción de la pena a cambio de declararse culpable; sin embargo, su defensa no hizo mención de esta posibilidad, por lo que Alejandro N estaría perdiendo la oportunidad de acceder a dicho beneficio, por lo que el proceso se encamina hacia el juicio oral, cuyo inicio podría darse en las próximas semanas.
El imputado ha declarado que cometió el crimen por órdenes de su expareja sentimental, Sergio N, señalado como presunto autor intelectual, ambos se encuentran vinculados a proceso por este caso y permanecen privados de la libertad en el penal de Tepic. En consecuencia, el avance del proceso contra Alejandro N también acerca el inicio del juicio contra Sergio N, quien podría enfrentar una pena similar.
La audiencia se realizó de manera privada por determinación de la juez de oralidad donde solo pudieron estar presentes dos familiares de la víctima, sus asesores jurídicos, el Ministerio Público, la defensa del imputado y personal del juzgado. De acuerdo con la Fiscalía, el móvil del feminicidio habría sido despojar a la víctima de sus bienes, incluyendo el complejo turístico llamado Limoncito Hills, en San Blas.
En caso de ser declarado culpable, Sergio N perdería derechos de concubinato, hereditarios y de paternidad ya que en Nayarit ya se encuentra vigente la llamada Ley Monzón, que contempla la suspensión de estos derechos desde la vinculación a proceso por delitos de violencia familiar o feminicida; no obstante, debido a que los hijos residen en Jalisco, jueces han ordenado visitas al penal, lo que ha sido señalado como posible revictimización.
Se espera que esta legislación sea discutida en la Cámara de Diputados en marzo de este año, con miras a elevarla a rango federal y unificar criterios en todo el país.
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