- El “Fiat” se ha convertido en el paliacate de los Notarios, para cubrirse la cara a la hora de cobrar y lucrar al amparo de la Ley, legitimando operaciones ilícitas en favor de mafias y de gobernantes corruptos
- Urge una reforma a la Ley Notarial, para la creación de un sistema especial de “Fé Pública” que no requiera de la intervención de estos “privilegiados profesionales”, que al despacharse con la cuchara más grande por careros, lesionan la economía de las familias de trabajadores, en lo que se refiere a la adquisición de vivienda popular
- ¿Podría el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, impulsar un sistema o mecanismo, o una Comisión –digamos- investida de Fé Pública, exclusivamente para estos casos, para la escrituración de vivienda popular y social? Algo así como los “jueces del Registro Civil”.
No es la primera vez que comentamos este tema, desde hace años lo habíamos reflexionado, en tanto a la función notarial, que es lesiva para la economía de las familias y se ha convertido en un jugoso negocio para un grupo privilegiado de “notables” como el propio Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero los denominó en su reciente conferencia de prensa, cuando denunció las graves ilegalidades cometidas por algunos notarios, lo más escandaloso la revelación de que legitimaron propiedades millonarias en dólares, con “cantidades inimaginables”, en favor de “quienes en su momento” dirigían al Estado, que aunque no lo dijo por su nombre, todo indica se refería al exgobernador Ney González, además de otro tanto de funcionarios ligados a estas operaciones fraudolentas.
El mayor grado de podredumbre del sistema notarial nayarita, es que también se adjudicaron patrimonios de familias que les dieron su confianza, sumado a que no nada más le escrituraron a el exmandatario y sus cómplices, sino que ellos con el poder de su firma se apropiaron de valiosos terrenos en la zona de Bahía de Banderas y sur de Compostela.
La cereza del pastel de este sistema notarial corrupto, fue la orden de un Juez Federal, de aperturar una sala especial para llevar un juicio apresurado, precisamente a uno de estos notarios pillos, al cual se le otorgó prisión preventiva porque se le comprobaron ilícitos, que instruyó que a ese notario se le liberara en dos horas, de lo contrario, al juez que llevaba el caso, se le fincaría una denuncia por secuestro; no creemos que el Gobernador Navarro Quintero se quede con los brazos cruzados ante esta situación, que es un hecho inconcebible propio de la película mexicana de la Ley de Herodes.
Lo cierto es que todo esto que permite la Ley Notarial en el actuar de los “Notarios Notables”, requiere de una profunda reforma, que no baste con retirarles sus facultades, como lo dijo el mandatario, que ya estaban en el proceso para quitarles su Fiat Notarial a 5 o 6 notarios, ya que pertenecen al Estado y no pueden estar en manos de corruptos; por lo tanto, lo que todo esto nos dice, es que la Ley Notarial es obsoleta, porque es susceptible a toda esta corrupción que les permitió prácticamente robar patrimonio del Estado, legitimando bienes mal habidos en favor de exgobernantes y exfuncionarios públicos, coludidos con banqueros y empresarios igualmente corruptos de cuello blanco.
Para nadie es desconocido que la intervención obligada de un Notario Público en los actos jurídicos que la ley lo requiere, resulta claramente lesiva para las familias de trabajadores que se ven en la necesidad de acudir ante estos funcionarios, principalmente cuando se trata de la adquisición de una vivienda de las que se les conoce como “de interés social”, dando a entender con ello que se trata de una política gubernativa para apoyar a las clases populares, en cumplimiento del deber del Estado con las metas de la justicia social, cuyas prioridades son el empleo con salario justo, que le sea suficiente al hombre para alimentar a su familia; la salud, y la vivienda.
La inmensas mayoría ciudadana no sabe es cuál es la función reservada a estos señores conocidos como Notarios Públicos, qué implica su denominación, cómo se rigen y porqué se les permite cobrar honorarios y cuotas o tarifas siempre descabelladas, porcentuales al precio de los bienes contratados, sin arriesgar nada ellos –como en todos los negocios- , inclusive pactándose en los contratos leoninos de los créditos de vivienda popular, que un porcentaje del crédito se destine especialmente al pago de los servicios de estos “fedatarios públicos”.
Notarios “Públicos”, llamados así porque su función esencial es “dar fé” de lo que se contrata, o sucede ante ellos. Presentándose no pocas veces la contradicción de que quienes realizan esas funciones son personas encargadas a quienes el Titular Notario delega sus funciones a un suplente, tornándose en algo semejante al propietario de un negocio que no lo trabaja personalmente, sino sus empleados, como un “concesionario” de un taxi, un dueño de un bar, un hotel, etcétera, o un negocio cualquiera que no requiere necesariamente la atención personal del propietario.
Tratándose de otro tipo de negocios esto puede no tener importancia, pero entonces, cabe preguntarse, por qué la Ley establece requisitos para ser Notario, entre ellos el de tener calidad moral, ser un profesional del derecho verdaderamente capacitado en materia registral y notarial, aprobado por los Colegios de Notarios, cuyos mecanismos y propuestas son burladas por los campeones de acomodar las leyes a la medida de sus intereses personales, está plenamente demostrado con lo que denunció el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, que extraordinariamente por eso lo llamó “notables” en lugar de “notarios”.
En este contexto, urge pues una reforma a la Ley Notarial, por lo menos para la creación de un sistema especial de “Fé Pública” que no requiera de la intervención de estos “privilegiados profesionales” “Notables”, que al despacharse con la cuchara más grande, o sea son “muy careros”, lesionan la economía de las familias de trabajadores. Al menos en lo que se refiere a la adquisición de vivienda popular, igual o parecidamente a la Fé Pública reconocida a los Oficiales del Registro Civil, que dicho sea de paso- indebidamente se les llama jueces, para que únicamente queden para las grandes operaciones con fines de lucro.
¿Podría el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, impulsar un sistema o mecanismo, o una Comisión –digamos- investida de Fé Pública, exclusivamente para estos casos, para la escrituración de vivienda popular y social?, porque es facultad exclusiva del Gobernador de Nayarit entregar Fiat, incluso es hora de que esto sea un servicio del Estado, con lo que se allegaría mayores recursos, porque ya está demostrado que “los Notarios Notables” se han conformado en una clase social privilegiada, de la que se han servido grupos mafiosos de fuera y dentro del gobierno para enriquecerse a consta del patrimonio del Estado.
El “Fiat” se ha convertido en el paliacate de los Notarios para cubrirse la cara a la hora de cobrar y lucrar al amparo de la Ley, legitimando operaciones ilícitas en favor de mafias y de gobernantes corruptos. Es el Estado el que les ha dado estos “regalos” a amigos y familiares, el Gobernador señaló que esto se terminó y no los dejará en manos de corruptos, pero lo que aquí le estamos proponiendo, es un sistema de verdaderos “notarios públicos”, en el sentido estricto de la palabra “público”, porque los Notarios de Públicos de hoy, “los notables” tienen de público lo que yo de astronauta. Va.
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