- Imposible no abordar una y otra vez el tema de la violencia en Tamaulipas.
Luego de más de 5 años de los primeros hallazgos de un lugar en el que clandestinamente se estaban “procesando” restos óseos humanos, pese a la obscura intensión de las autoridades de ocultarlo, finalmente éste episodio de verdadero horror ha sido reconocido por el Gobierno de la República Mexicana:
LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE EXTERMINIO Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS, ENTRE LOS EJIDOS DE EL HUIZACHAL Y BARTOLINA, EN MATAMOROS TAMAULIPAS, UBICADO A 12 KILÓMETROS DE BROWNSVILLE, TEXAS.
Ahí están fragmentos de los cuerpos de mexicanos, migrantes de Sudamérica y otras naciones del mundo, estadounidenses, canadienses, africanos y europeos secuestrados y desaparecidos en México,
Esta horrenda historia tiene décadas construyéndose al amparo y con la complicidad de los diferentes gobiernos estatales, municipales y federales.
Hemos insistido en el florecimiento de los grupos criminales y todos sus excesos, sólo son posibles al amparo de las instituciones gubernamentales responsables de la Seguridad e impartición de justicia.
Vergüenza
Jueces, agentes del ministerio público, abogados, cuerpos policiacos, fuerzas militares, políticos, hombres de negocios y la industria armamentista tienen vela y culpa de las atrocidades que ahora finalmente reconoce y pone al descubierto el Gobierno mexicano.
El infierno
En 1916, luego de denuncias ciudadanas, la Procuraduría estatal de Tamaulipas procede a investigar y da cuenta de la existencia de un predio en la carretera Lauro Villar de la ciudad de Matamoros, en el Ejido de La Bartolina, en el que se “hallaron” restos óseos “que pudieran ser de personas o animales, mismos que habrían sido “procesad os” en forma clandestina.
El ejido La Bartolina está enclavado a unos ocho kilómetros del litoral y a una distancia similar al sur del río Bravo, en un área cercana a la desembocadura del afluente y que es una ruta habitualmente utilizada por los zetas el tráfico de inmigrantes indocumentados que son infiltrados al Valle de Texas.
Los nombres, los hombres; puras buenas gentes, claras conciencias…
Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia
Corría el año 2015, presidía el municipio de Matamoros el notario público Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (alias “El Peluco”), una verdadera ficha.
Como notario público de la notaría 299, a quien el día 7 de marzo del año 2010, Matilde Céspedes Peña Viuda de Rivas, de 60 años edad, presentó denuncia y/o querella contra su propio hijo Roberto Carlos Medrano Céspedes y contra el notario Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia por falsificar firmas y actas para despojarla de su vivienda; lo que pese a ganar el juicio la quejosa, perdió su casa.
En el juicio que inicia con la inscripción en el Libro de Gobierno el Acta Circunstanciada número 22/015/AC-0073/03-2010 y para el desahogo de la demanda, se fue plagando de irregularidades. Con toda clase de subterfugios y malas mañas, el notario recibe protección del entonces Fiscal Francisco León Saldívar Gómez, del entonces Gobernador EGIDIO TORRE CANTU y por MORELOS CANSECO GOMEZ, Secretario General de Gobierno, todos ellos como parte del cónclave priista señalado por sus nexos con el crimen organizado de Tamaulipas que a esas fechas habría ya infiltrado sus alfiles en los demás partidos políticos; con la retahíla de que “ganamos con quien sea, que lana para campañas hay”.
Al entonces notario, el gobernador lo nombra funcionario del gobierno estatal, fue designado por JESUS DE LA GARZA DIAZ DEL GUANTE, entonces Gerente General de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, como Director de Planta Potabilizadora No. 2. De ahí en adelante todo fue diluir el juicio hasta hacerlo perderse en el burocratismo de la justicia no impartida.
En 2021 “El Peluco”, volvió a contender como candidato a la presidencia de Matamoros, perdiendo estrepitosamente con Mario Alberto López Hernandez, de Morena y PT, quien obtuvo 100 127 votos, contra los 14, 154 que, pese a las amenazas a la población, y gracias a la presencia de un enorme despliegue de fuerzas de seguridad de la Guardia Nacional; obtuvo Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia.
Egidio Torre Cantú
Originario de Ciudad Victoria Tamaulipas, miembro de una familia de clase media, ni en el más remoto de sus planes tenía el de considerar ser Gobernador de Tamaulipas. Su hermano Rodolfo sí.
Rodolfo Torre Cantú en 2010 se perfilaba como gobernador en Tamaulipas, pues según un estudio de Consulta Mitofsky tenía 67% de las preferencias electorales; José Julián Sacramento, del PAN, acumulaba 25% mientras que Julio Almanza, del PRD, apenas sumaba 7%.
Rodolfo Torre Cantú era médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Nació el 14 de febrero de 1964 en Ciudad Victoria y era el segundo de cuatro hijos de Ana María Cantú de Torre y Egidio Torre López.
Tuvo la coordinación médica de Petróleos Mexicanos; coordinador regional de los servicios médicos del Sistema Banrural en San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.
Fue director General del DIF municipal en Ciudad Victoria, Tamaulipas de 1999 a 2001; secretario de Salud y Director General de los servicios de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas del 2005 al 2009, siendo 
gobernador el priista Eugenio Hernández Flores (actualmente preso, acusado de lavado de dinero y peculado; en espera de ser extraditado a Estados Unidos que le acusa de Lavado de dinero y conspiración criminal). En septiembre de 2018 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas lo acusó de los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se encuentra recluido en el penal de San Mateo Atenco en el Estado de México, a la espera de que se resuelva su extradición a los Estados Unidos.
Rodolfo Torre Cantú Fue asesinado una semana antes de las elecciones el 28 de junio de 2010 a las 10:30 de la mañana por un comando armado en la Carretera que va de Ciudad Tamaulipas a Soto la Marina.
El crimen se ha ido difuminando entre las sombras de las burocracias.
El Procurador de Juisticia en Tamaulipas en ese tiempo era el notario (otro notario) Jaime Rodrígez Inurrigarru, quien había sido presidente municipal de Ciudad Victorias Tamaulipas, Diputado Federal por el PRI y Secretario General de Gobierno en la administración de Manuel Cavazos Lerma.
Rodrígez Inurrigarru recibió por sus obscuras NO INVESTIGACIONES el premio de ser nombrado Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tamaulipas en 2013 por el flamante Enrique Peña Nieto.
Del Crimen de Rodolfo Torre Cantú
Mediante filtraciones de las autoridades mexicanas y de la DEA, se puede concluir que hay dos líneas de investigación consideradas como las más sólidas:
1. Lo mandó matar Tomas Yarrington
2. Lo Mató por su cuenta el COSS
Tomás Yarrington
Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba nacido en Matamoros, Tamaulipas, 7 de marzo de 1957 fue gobernador de Tamaulipas por el PRI de 1999 a 2004, con anterioridad ocupó los cargos de Presidente Municipal de Matamoros, diputado federal y Secretario de Hacienda en el gabinete del entonces gobernador Cavazos Lerma (otra fichita, por cierto).
Yarrington se volvió visible en noviembre del 2011, cuando el cadáver de un empresario conocido como Alfonso Peña Argüelles fue tirado en una vía pública en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al cadáver se encontró un mensaje firmado por Los Zetas, acusando al hermano de Peña de haber lavado dinero para Yarrington.
En 30 de enero de 2012, se hizo público que tres exgobernadores priistas de Tamaulipas—Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, y Eugenio Hernández Flores—habían estado vinculados con el crimen organizado.
Después de un caso judicial en San Antonio, Texas, la DEA acusó a Yarrington de haber lavado millones de dólares de Los Zetas y el Cártel del Golfo siendo gobernador.
La información se obtuvo después de que Antonio Peña-Argüelles, un supuesto miembro de un cártel de la droga y hermano de Alfonso, declaró que Yarrington tenía lazos fuertes con «varios líderes de Los Zetas.
Además, se le acusó a Yarrington de haber sido cómplice en la matanza de Rodolfo Torre Cantú, el excandidato para la gubernatura de Tamaulipas en el 2010, que fue llevado a cabo extraoficialmente por Jorge Eduardo Costilla Sánchez, líder supremo del Cártel del Golfo.
El 12 de mayo de 2012, el gobierno de Estados Unidos solicitó en San Antonio y Corpus Christi, Texas, confiscar propiedades de Yarrington que presuntamente fueron adquiridas con dinero del narcotráfico.
Fue acusado de participar y proteger a narcotraficantes y extorsionadores.
Además, el gobierno de Estados Unidos pretende confiscar un condominio en la Isla del Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio, Texas.
Se le acusa de haber lavado dinero del narco con la fachada del empresario Francisco Alejando Cano Martínez para después usarlo para pagarle a los políticos tamaulipecos y para las campañas del PRI.
Extraditado y preso en Estados Unidos, a finales de marzo 2021 con la intensión (o el acuerdo de las autoridades de Estados Unidos) de evitar los cargos por narcotráfico y extorsión; se declaró culpable de conspiración para lavar dinero del narco, deberá entregar 9 millones 500 mil dólares a las autoridades de ese país, por lavado de dinero durante 15 años, sin que ello lo libere de permanecer en prisión hasta por 20 años.
Pero él no es el único ex gobernador de Tamaulipas que ha sido procesado por nexos con el narco. Sus sucesores, Eugenio Hernández Flores (detenido en 2017) y Egidio Torre Cantú, han sido acusados de lavado de dinero y desvío de más de 10 mil millones de pesos en recursos públicos, respectivamente.
Incluso Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador actual, también está siendo acusado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal.
El Coss
Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss” nació en 1971 en la ciudad de Matamoros, donde a la edad de 21 años se convirtió en policía municipal, 3 años más tarde renuncio para formar una banda “Los Sierra”. En la década de los 90 se relacionó con Osiel Cárdenas, quien había obtenido su libertad luego 3 años preso en Estados Unidos y México, “El Coss” se convirtió en lugarteniente de Cárdenas, para luego ser el líder del cártel. El Coss fue capturado el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Tampico, delatado por sus antiguos aliados, los zetas. Enfrenta 2 averiguaciones previas por narcotráfico y extorsión, es buscado por el Tribunal Federal del Distrito sur de Texas, división Brownsville.
Los Gobernadores del mal
Los últimos 5 gobernadores de Tamaulipas (4 del PRI, uno del PAN) han sido señalados por sus vínculos con el crimen organizado.
Desde Manuel Cavazos Lerma, hasta el actual gobernador Francisco Cabeza de Vaca, han protegido a los criminales de Zetas, del Golfo y de Sinaloa, indistintamente.
Manuel Cavazos Lerma fue gobernador de Tamaulipas del 5 de febrero de 1993 al 4 de febrero de 1999. Fue señalado por la PGR de Felipe Calderón, por nexos con cárteles del narcotráfico y por su presunta relación con el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.
Eugenio Hernández fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010. Actualmente se encuentra preso en México, y próximo a ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido en una Corte de Texas por blanquear 30 millones de dólares.
Uno del PAN
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas, de extracción panista, enfrenta acusaciones en su contra comenzaron desde que fue candidato al gobierno. El PRI que ahora lo defiende, lo denunció ante la fiscalía electoral por supuestamente presionar a candidatos y militantes priistas, a través del grupo armado denominado la Columna Armada Pedro José Méndez, para que asistieran a sus eventos.
Como gobernador, en diciembre de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República por presuntos lavado de dinero, cuenta con orden de aprensión en su contra y se ha declarado perseguido político.
Que el Gobierno Federal de AMLO reconozca la existencia de UN CENTRO DE EXTERMINIO Y DESAPARICIÓN DE PERSONAS Es al menos esperanzador, ya que obliga a las autoridades actuales a profundizar las investigaciones pertinentes para esclarecer el horror de lo ahí ocurrido.
Hasta ahora, se han recolectado 500 KILOS DE RESTOS HUMANOS INCINERADOS O EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN.
¿Se imagina usted la cantidad de cadáveres que implicas semejante hallazgo?
Si un cadáver COMPLETO cuando es incinerado reduce su peso a poco menos de un kilogramo de cenizas y lo recolectado son solo fragmentos de cada cadáver, el escenario es francamente aterrador.
Ese es el resultado de las corruptelas en las instituciones de procuración e impartición de justicia y el mundo narco político en nuestro país.
México está y estará en los tiempos venideros ante el ojo escudriñador del mundo y el gobierno federal deberá reorganizarse y plantear una estrategia diferente a las burocráticamente diseñadas por un aparato de justicia que alienta la impunidad y re victimiza a los lastimados y ofendidos por la mano criminal del narco.
La nación entera debe de exigir al presidente AMLO que haga algo diferente, con imaginación y compromiso profundo con las víctimas y sus familias.
Los colectivos de familiares de desaparecidos son los que más han aportado para el avance en el descubrimiento de este infierno y deberán formar parte del equipo que dé seguimiento a estos crímenes que ofenden a la raza humana, sólo comparable con los horrores ocurridos en los campos de concentración operados por los nazis.
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