- Muchos sectores no tienen posibilidades reales de recuperación económica
- Los efectos de la pandemia de Covid-19, cambiarán el rostro de la población mexicana
Las declaraciones de Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, con referencia a que la pandemia de Coronavirus provocará un fuerte desequilibrio económico que obligará a cambiar el rumbo del crecimiento, el empleo e ingreso, incluso la bancarrota, son para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador reflexione. De no escuchar, la perspectiva en el corto y mediano plazo, será la debacle económica para México y para muchas naciones afectadas por el fenómeno sanitario.
Implica que los gobiernos deben ser meticulosos en dos aspectos fundamentales de temas específicos y primarios de la administración pública: cuidar el “debe y el haber”, para decirlo de manera elemental a quienes administran presupuestos y recursos enfocados al desarrollo nacional. Esto significa un grito de alerta para el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales.
Los efectos de la pandemia de Covid-19, dijo Carstens, cambiarán el rostro de la economía mexicana. “Muchos sectores económicos que sufren ahora, no tienen posibilidades reales de recuperación”, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar por falta de financiamiento suficiente de parte de la Federación y de los esquemas financieros privados.
El mismo Alfonso Romo, empresario muy fuerte y actualmente coordinador de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reconoció en días pasados, durante el acuerdo firmado entre gobierno y empresarios para impulsar el desarrollo de proyectos de inversión, “que la inversión privada representa el factor más importante en la aportación de recursos para dinamizar la economía, el empleo y la inversión estructural”.
El ex gobernador del Banco de México, precisó que “al principio se pensaba que la crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más tiempo, y se espera que se prolongue hasta que la acción gubernamental pueda prevenir el espectro de bancarrota”. La crisis económica por la pandemia ha permeado en prácticamente todos los sectores; se manifiesta en procesos de recesión, desempleo, pobreza y bancarrota.
Hace unas semanas, la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico) informó sobre las perspectivas de crecimiento económico de México, lo que se llama Producto Interno Bruto (PIB) tendría este año una caída del 9.5 por ciento. Esto debe calificarse muy preocupante, porque significa que la población mexicana se verá en una situación de serio compromiso en cuanto a los niveles de pobreza.
Si de por sí, México enfrenta serios problemas de pobreza, heredados en cierta magnitud de administraciones pasadas, en particular en comunidades rurales y en la periferia de poblaciones urbanas donde el INEGI ha estudiado y publicado índices de pobreza de poco más del 50 por ciento, es de suponer que el número de pobres en el marco de una población de 127 millones de habitantes que tiene el país, aumentará de manera notable, con todo y que el gobierno de México insiste en que no recurrirá a préstamos internacionales, aunque tiene créditos abiertos, ni aumentará el sistema impositivo.
A este respecto, es de señalar que funcionarios de la Secretaría de Hacienda, entre ellos el subsecretario Gabriel Yorio, y el mismo titular de esta dependencia, Arturo Herrera, afirman que no están de acuerdo en las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el sentido de aplicar una reforma tributaria temporal, que permita aumentar los ingresos fiscales entre 3 y 4 puntos del PIB y, por otra parte, posponer el plan de construcción de la refinería “Dos Bocas”.
En estas condiciones, no es ocioso señalar que la deuda externa mexicana es de 44 por ciento del PIB. Este porcentaje se incrementará 10 puntos por intereses y como consecuencia de la disminución del mismo PIB, la cual podría estimarse en el 9 por ciento en 2020.
Hay que añadir que la problemática económica de México se agravará por el resurgimiento del robo de combustibles, problemas de paros en los sistemas de transporte carretero y ferroviario, así como de tomas de casetas de peaje por problemas de tipo social. Todo esto ha perjudicado fuertemente la economía nacional en el corto plazo.
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