Tepic, Nayarit; martes 6 de agosto de 2019.- La Fiscalía de Nayarit logró auto de vinculación a proceso de Antonio “N”, Luz “N”, Miriam “N” y Adriana “N”, por su probable intervención en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos, falsificación de certificados y fraude específico, cometidos en agravio de miles de derechohabientes del Infonavit.
Los imputados fueron vinculados a proceso por el hecho con características de asociación delictuosa, en razón de que se asociaron con el propietario de un despacho jurídico que tiene contrato de prestación de servicios para la cobranza de Infonavit, así como con el personal que labora para él, que a su vez se asoció con Magistrados, Jueces, Secretarios y Notificadores del Poder Judicial del Estado, en los que se reconoce jerarquía, con el propósito permanente de delinquir generando juicios simulados o apócrifos -copia de un auténtico-, para que dicho notario público a través de terceros y fuera de su sede notarial, celebrara actos jurídicos de adjudicación a favor de Infonavit, firmando en rebeldía de los demandados los Jueces y Secretarios involucrados.
La Agencia del Ministerio Público expuso los elementos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación ante el Juez de Control, quien vinculó a proceso a Antonio “N”, Luz “N”, Miriam “N” y Adriana “N”, por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos, falsificación de certificados y fraude específico.
Además se estableció, como medidas cautelares en el caso de Antonio “N”, garantía económica de cinco millones de pesos, firma periódica quincenal, restricción para salir del estado, restricción de acercarse a las víctimas o testigos y suspensión en el ejercicio o cargo de Notario Público. En el caso de Luz “N”, Miriam “N” y Adriana “N”, la autoridad judicial les fijó como medidas cautelares garantía económica de cien mil pesos a cada una, firma periódica quincenal, restricción para salir del estado y restricción de acercarse a las víctimas o testigos, estableciendo un plazo de 3 meses para el cierre de las investigaciones complementarias.
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