- Es muy raro que el titular del Poder Legislativo Leopoldo Domínguez, se haya prestado a “recibir una propuesta de modificación a la Ley Orgánica, definitivamente “hay gato encerrado”
- La iniciativa de reformar la normativa universitaria debe partir de la comunidad a través del Consejo General y no de un reducido grupo de académicos, que cuando dirigieron la institución, no movieron un dedo para cambiar el “estatu quo”
“Los poderes políticos tienen que entender, que las decisiones que le competen a la universidad las debe tomar la universidad”, recientemente afirmó categórico, el Rector de la UAN el Maestro Jorge Ignacio Peña González, en clara referencia al evidente embate intervencionista del Poder Legislativo, encabezado por el diputado Leopoldo Domínguez, al que desafortunadamente se prestó un reducido grupo de universitarios “a cilindrados” por el exrector Omar Wicab Gutiérrez, quién no guardó la prudencia y distancia necesarias, que deben caracterizar a quien en un momento determinado dirigió a la institución, porque sabe perfectamente que esta acción, concertada o no, atenta indiscutiblemente contra la autonomía universitaria.
La autonomía ha sido “mal comprendida” por muchos (de afuera y adentro), recordemos que lograrla costó sangre, muertes y violencia en el pasado, de ahí la decisión de separar el quehacer político del quehacer universitario; fue en 1975, antes de concluir el periodo del gobernador Roberto Gómez Reyes, quien al advertir la llegada del gobierno autoritario de Rogelio Flores Curiel, decidió blindar a la institución decretando la autonomía, reformándose varios artículos a la Ley Orgánica, dotando a los órganos de la universidad la capacidad para autogobernarse, conformar su estructura, atribuciones, sanciones y todo aquello que estimaran necesario para desarrollarse.
En 50 años de historia, casi todos los gobernadores han tenido la tentación de intervenir en su vida interna, en influir en la designación de rectores, directores, líderes estudiantiles y de profesores, los grupos de poder fáctico, reiteradamente han financiado y auspiciado facciones al interior para desestabilizar a la institución, con la finalidad de apoderarse de este espacio, que sería una mina de oro para usarlo como trampolín político y base electoral, pero no han podido, pero sí han causado fuertes confrontaciones entre los universitarios.
Es verdad que la UAN requiere cambiar el ya desgastado modelo de representación de “los sectores”, que incluso ya iniciaron una transformación automática, al no intervenir en la reciente designación de 10 nuevos directores de diferentes unidades académicas, lo que en el pasado reciente eran verdaderas disputas, ya que el dirigir planteles es una decisión administrativa y no política, que compete definirla al Rector, con base en las propuestas de ternas que hagan los consejos de escuelas.
Lo cierto es que proponer reformar la Ley Orgánica de la UAN que data de 1985, para modernizarla, acorde con lo que el desarrollo académico y administrativo actual demandan, es competencia exclusivamente de los universitarios, las experiencias del pasado intervencionista del Estado no son halagadoras en este sentido.
Efectivamente que es necesario revolucionar en todos los aspectos, eso ni duda cabe, más por la permanente crisis financiera que se padece, que es un verdadero dique, aunque aquí hay que puntualizar que la crisis es de carácter económico, no académico, ya que en estos momentos la universidad se encuentra en su mejor nivel de su historia, al contar ya con 16 programas acreditados por organismos evaluadores nacionales, lo cual representa que el 80 por ciento del total de la matrícula de licenciaturas e ingenierías de calidad.
Definitivamente que es muy raro que el titular del Poder Legislativo Leopoldo Domínguez González, se haya prestado a “recibir una propuesta de modificación a la Ley Orgánica de la UAN”, nos da a que pensar, sin dudarlo “hay gato encerrado”, dado las aspiraciones del diputado por llegar a la gubernatura de Nayarit.
No es la intención de esta columna, afirmar que no es necesaria una reforma, sino que respetando el espíritu de la autonomía, sea la propia comunidad la que en mesas de análisis y propuestas, presenten esa iniciativa de reforma a la Ley a la Cámara de Diputados, a través del Consejo General Universitario, que es el conducto y el máximo órgano de gobierno de la institución, no a través de un “minúsculo” grupo de académicos, “encuerdados” y dirigidos por el exrector Omar Wicab, que dicho sea de paso cuando fue rector, no movió un dedo para cambiar el “estatu quo”, que casualidad que ahora sí impulsa un cambio a la Ley Orgánica.
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