Se judicializa la competencia electoral

Ahora la contienda por la silla presidencial es de golpeteo mediático para desacreditar a los adversarios en el que se utilizan a las instituciones del estado; este es el caso de los coordinadores de la campaña presidencial del neopriista, José Antonio Meade quien utiliza a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de Ricardo Anaya candidato de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano para exponerlo a la opinión pública como lavador de dinero y enriquecimiento ilícito.

Uno se pregunta a partir de esta realidad a que grado de intensidad se iniciará la competencia por las 9 gubernaturas, los escaños en las dos cámaras del Congreso de la Unión y el resto de candidaturas estatales.

Los operadores políticos del candidato Dr. José Antonio Meade son los más interesados en descarrilar el proceso electoral dado que su candidato pintado de ciudadano honesto y trabajador aun con sus buenos modales de gente decente no convence ni a los electores de su barriada quien hoy está situado en un lejano tercer lugar en las tendencias electorales.

No solo tiene irritados a sus patrocinadores, entre ellos al mismo presidente Enrique Peña Nieto sino que los impulsa a utilizar la información del SAT y el aparato de la Procuraduría General de Justicia para desacreditar a sus competidores.

En esta lógica de golpeteo pedestre es probable que utilicen a la Secretaría de Hacienda a través del ramo 23 para asfixiar económicamente a los gobiernos estatales de la oposición y de esta manera generar la ingobernabilidad.

Por ejemplo, a nuestra entidad dado el alto índice de la violencia del crimen organizado el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) por medio del Plan Escudo Titán tenía planeado el envío de un destacamento integrado por cientos de Policías Federales a Nayarit para que al lado de las fuerzas policiales locales y militares dieran una batida contundente en contra de los sicarios de la droga que hoy se disputan a sangre y fuego el mercado de la droga. Hasta la fecha nada. Lo más probable es que no lleguen mientras discurra la competencia electoral y más aún si los candidatos del PRI tienen pocas probabilidades de ganar.

Lo mismo ocurrirá con los programas federales. Los recursos financieros llegarán a cuenta gotas, si es que llegan. Hacienda tiene el sartén por el mango, sobre todo su actual titular José Antonio González Anaya es un incondicional del Dr. Meade.

Aun con todos estos manotazos del PRI-Gobierno en vez de allegarle probables electores al candidato presidencial priísta, Sr. Meade por el contrario ha concitado más rechazo a su candidatura. Se percibe en ánimo público que esta envestida en contra del candidato presidencial de “México al Frente” a quien más ha beneficiado es al candidato de Morena Andrés Manuel López Obrador quien sube día a día en las preferencias electorales y se consolida en el segundo lugar el panista Ricardo Anaya.

Con esta ubicación adversa del candidato de Peña Nieto, -que no de las bases militantes del PRI- nada bueno se puede esperar durante los tres meses de campaña a partir del 30 de marzo. En vez de propuestas de como los candidatos y sus partidos resolverán los principales problemas del país estarán más preocupados en buscar la forma de cómo llenar de lodo a sus adversarios para exponerlos a la repulsa popular.
De optar por la confrontación y no de proyectos de gobierno sino de adjetivos descalificativos y judicialización de la política debilitarán aún más a nuestras incipientes instituciones democráticas.
Pone los pelos de punta cuando el candidato panista, Ricardo Anaya ante la campaña de odio en su contra emprendida por el PRI-gobierno en un tono rijoso adelantó que de llegar a la silla presidencial meterá a la cárcel a Peña Nieto y sus compinches. ¿Quiere decir que no hemos superado la etapa autoritaria del viejo PRI de la presidencia imperial?

¿De que servirán entonces las nuevas instituciones de procuración y aplicación de la justicia si por fobias el presidente de la república en turno decidirá de esa forma el rumbo de la nación?..

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