De acuerdo con el documento –entregado la mañana de este martes por el consejero de la Defensoría, Bernardo Rodríguez Alamilla, y firmado por el ombudsman Arturo de Jesús Peimbert Calvo–, la LSI, particularmente en su artículo 31, asienta que los órganos autónomos deberán rendir información cuando les sea requerida, aunque en muchas ocasiones, apunta, las instancias de gobierno son acusadas de violaciones graves a los derechos humanos.

La controversia de la Defensoría de Oaxaca se suma a las que presentaron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
De las otras cinco acciones de inconstitucionalidad, la primera fue promovida por los grupos parlamentarios del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados.

Una más fue presentada el pasado viernes 19 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego hizo lo propio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La cuarta fue interpuesta por la Cámara de Senadores y la última por MC.