El Nuevo Sistema de Justicia Penal garantiza que toda persona imputada de algún delito tiene derecho a ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ello, existen medidas cautelares que le permiten seguir su proceso en libertad, siempre y cuando se trate de un delito no grave. Para los imputados de delitos como homicidio, secuestro o violación se aplicará la prisión preventiva.
En este nuevo modelo de justicia, las Unidades de Medidas Cautelares son las instancias encargadas de informar a las partes que intervienen en un proceso cuál es la condición social de la persona imputada; por ejemplo, si tiene trabajo estable, arraigo en su comunidad, estudia o tiene familia, son elementos que hacen poco probable que evada el proceso.
Con el análisis que realizan las Unidades de Medidas Cautelares, un juez puede tomar la decisión de qué medida emplear para, en lo posible, evitar la prisión preventiva; por ejemplo, que el imputado se presente de manera periódica ante el juez, pague una fianza económica, se realice el embargo de sus bienes, se inmovilicen sus cuentas financieras o prohibirle salir sin autorización del país.
Otras medidas cautelares son la prohibición a la persona imputada de concurrir a determinadas reuniones; acercarse, comunicarse o convivir con algunas personas y la colocación de un localizador electrónico para conocer en todo momento dónde se ubica.
Con la aplicación de las medidas cautelares, menos personas llevarán su proceso en prisión, impidiendo exponerlos al contexto de las prisiones; lo que les permitirá continuar con sus actividades habituales, como asistir a su trabajo o escuela.
Asimismo, las medidas permiten despresurizar los Centros de Readaptación Social del país y, el uso de la prisión preventiva únicamente en casos de delitos graves, orienta los esfuerzos institucionales a la recomposición del tejido social antes de privar a una persona de su libertad.
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