En el contexto del próximo Día Internacional de la Mujer, el debate sobre la llamada Ley Monzón avanza en el Congreso de México, mientras que el caso de Ángela Birkenbach mantiene abiertos procesos judiciales tanto en Nayarit como en Jalisco, relacionados con la tutela de sus hijos menores y el proceso penal por su presunto feminicidio.
En días recientes, un juez federal en Jalisco determinó que la madre y el hijo mayor de Ángela Birkenbach no cuentan con personalidad jurídica para continuar con un juicio de amparo relacionado con el régimen de convivencias entre los menores y su padre, Sergio N, quien permanece privado de la libertad y vinculado a proceso por el presunto feminicidio de la madre de los niños. La resolución fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en materia civil de esa entidad dentro del litigio que se mantiene sobre las convivencias.
Paralelamente, en Nayarit se prevé el inicio del juicio oral en contra de los presuntos responsables del feminicidio ocurrido en octubre de 2023. En el penal de Tepic permanecen en prisión Alejandro N, señalado como autor material y quien ha confesado su participación, así como Sergio N, identificado por las autoridades como presunto autor intelectual del crimen. Dentro de las investigaciones se ha señalado como posible móvil la apropiación del patrimonio de la víctima, por lo que la definición de la tutela de los menores también implica la administración de esos bienes.
En este contexto, en la Cámara de Diputados de México se analiza una iniciativa para establecer a nivel federal la denominada Ley Monzón, una reforma legal que plantea suspender automáticamente la patria potestad a los padres vinculados a proceso por feminicidio, tentativa de feminicidio o violencia familiar contra la madre de sus hijos, además de retirar definitivamente ese derecho en caso de una sentencia condenatoria.
La propuesta surgió tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón en Puebla en 2022 y actualmente se encuentra en revisión en comisiones legislativas, con la posibilidad de ser votada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones el 30 de abril.
De aprobarse, la reforma establecería criterios a nivel nacional que obligarían a homologar decisiones judiciales en casos de feminicidio y protección de menores, mientras continúan los procesos penales y civiles relacionados con el caso de Ángela Birkenbach en Nayarit y Jalisco.
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