¡Escándalo en Tequila alcanza raíces políticas en Puerto Vallarta!
La reciente detención de Juan Gabriel Toribio Villarreal, hoy señalado como Director de Catastro en el municipio de Tequila, pone sobre la mesa una realidad incómoda para los funcionarios que cambian de cargo y de municipio, pero no de prácticas. La captura —derivada del tan anhelado operativo enjambre contra presuntos vínculos con el crimen organizado y redes de extorsión— no sólo sacudió a Tequila, sino que inevitablemente conecta a Toribio, con su pasado político en Puerto Vallarta, donde Toribio Villarreal fue delegado municipal de Ixtapa, y colaborador cercano a Salvador González Reséndiz, cargos desde donde hizo relaciones políticas que hoy vuelven a ser tema de conversación.
El caso resulta interesante porque muestra cómo perfiles con oscuro historial en Vallarta terminan ocupando posiciones estratégicas en otros ayuntamientos. ¿Nadie revisa antecedentes políticos y administrativos antes de entregar direcciones clave como Catastro u Obras Públicas? ¿O simplemente se apuesta a la corta memoria pública?
La caída de funcionarios en Tequila deja más preguntas en el aire, si las investigaciones federales avanzan sobre redes políticas y administrativas, ¿podrían aparecer nombres conocidos de la región costa-sierra? ¿Hasta dónde podrían alcanzar las indagatorias cuando se habla de extorsión, concesiones públicas y manejo de recursos municipales?
Y en ese contexto, la pregunta obligada que todos nos hacemos ¿podría Puerto Vallarta enfrentar un escenario similar si se revisan a fondo decisiones, contratos y concesiones del gobierno municipal encabezado por Luis Ernesto Munguía?
Porque cuando un ayuntamiento cae por corrupción, rara vez es un caso aislado. Es apenas la primera ficha del dominó.
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