La Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial de Bahía de Banderas ha detectado más de 20 casos de venta de terrenos que no cuentan con servicios básicos ni permisos para su desarrollo, ya sea de manera particular o como fraccionamientos, situación que representa un riesgo directo para las familias compradoras.
De acuerdo con el director del área, Julio Santoyo, el uso de suelo no siempre es el principal problema, sino que muchos de estos predios no son viables porque carecen de agua potable, drenaje, electrificación y otros servicios indispensables, además de no haber pasado por los dictámenes oficiales correspondientes.
Estos terrenos suelen ubicarse en zonas agrícolas —principalmente en áreas donde se cultivan mangos u otros árboles— entre Bucerías, Valle de Banderas y San Juan, y son ofrecidos como supuestas oportunidades con enganches muy bajos, incluso desde 5 mil pesos y mensualidades de 3 mil, lo que vuelve la oferta altamente atractiva.
Santoyo explicó que para que un terreno pueda venderse legalmente, debe pasar por el dictamen de fraccionamientos, el cual es emitido por Desarrollo Urbano y avalado también a nivel estatal, y recalcó que estos dictámenes son públicos. Asimismo, precisó que toda venta o desarrollo debe contar con la viabilidad técnica y jurídica, revisión en la que también participa el Instituto de Vivienda, encargado de determinar si un lote puede ser habitado.
El funcionario advirtió que, pese a los apercibimientos, algunos vendedores reinciden, incluso utilizando redes sociales para promover terrenos sin autorización. Por ello, llamó a la ciudadanía a verificar antes de comprar, consultando los registros oficiales y el Diario Oficial, donde puede corroborarse qué predios están liberados para construcción.
Finalmente, señaló que en el municipio existen más de 150 colonias irregulares, una problemática que se atiende con un enfoque social y de regularización para otorgar certeza jurídica y acceso a servicios, aunque reconoció que el crecimiento poblacional y la alta demanda de vivienda continúan alimentando este tipo de prácticas irregulares.
La recomendación es clara: no adquirir terrenos sin antes confirmar su situación legal, a fin de proteger el patrimonio familiar.
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