La regidora Citlalli Rubí Huerta ¿protege y respalda la operación de negocios familiares sin la documentación obligatoria? Tal es el caso del restaurante “Camahuer”, inaugurado en Bucerías en noviembre de 2025, pese a no contar —hasta ese momento— con los permisos básicos para su funcionamiento.
Documentos oficiales emitidos por el H. XII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, obtenidos vía solicitud de transparencia (expediente 516/2025), revelan una cadena de omisiones administrativas graves.
La Dirección de Protección Civil informó que hasta el 1 de diciembre de 2025 no existía ingreso alguno de documentación del establecimiento, por lo que no podía emitirse visto bueno ni aprobarse el programa interno obligatorio.
En el mismo sentido, Turismo Municipal confirmó que no se encontró registro del trámite, lo que imposibilitó cualquier verificación física del restaurante.
Más aún, Padrón y Licencias fue tajante: no existe registro del restaurante Camahuer en sus bases de datos, ni digitales ni físicas, lo que deja en entredicho la legalidad de su operación.
Aunque Medio Ambiente aclaró que el giro de restaurante no requiere dictamen ambiental específico, ello no exime al negocio del resto de los permisos municipales, mismos que no estaban acreditados.
Lo verdaderamente preocupante es el papel de la Unidad de Transparencia, encabezada por Jaudiel Jacobo Ruvalcaba, que tardó más de 30 días en entregar la información, pese a que cada dependencia respondió con fechas claras y dentro de plazos parciales. Incluso, se reconoce oficialmente que Desarrollo Urbano nunca respondió, y aun así el expediente se cerró, lo que abre la sospecha de una dilación deliberada para “ganar tiempo” y permitir que el negocio siguiera operando.
La incongruencia es mayor si se considera que Citlalli Rubí Huerta percibe un sueldo mensual bruto cercano a los 95 mil pesos, con ingresos netos superiores a los 70 mil pesos, sin contar compensaciones. Es decir, cuenta con recursos suficientes para cumplir con la ley, pagar licencias, derechos y trámites, más aún cuando ya opera otro restaurante del mismo nombre.
Aquí no se trata de un ataque personal, sino de un uso indebido del poder público para favorecer intereses privados, mientras a comerciantes comunes se les exige cumplir cada requisito bajo amenaza de clausura.
El mensaje es claro y peligroso: si eres regidor, la ley se flexibiliza; si eres ciudadano, se aplica con rigor.
Y mientras la transparencia se retrasa, la duda crece: ¿ineficiencia o colusión?
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