En días pasados, la titular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, informó sobre los avances en las acciones emprendidas para la recuperación de bienes que forman parte del patrimonio estatal, entre ellos terrenos de alto valor comercial ubicados en el municipio de Bahía de Banderas.
La fiscal señaló que, como resultado del Megaoperativo Nuevo Nayarit, se logró la recuperación de más de 20 hectáreas localizadas en el fraccionamiento náutico de Nuevo Vallarta, predios que, tras un procedimiento judicial, pasaron legalmente a favor del Gobierno del Estado y cuyo valor comercial se estima entre tres mil y cinco mil millones de pesos.
De acuerdo con la información, los terrenos se ubican en una de las zonas con mayor plusvalía del municipio, específicamente en el corredor de la avenida Cocoteros y en las inmediaciones del Estero El Chino, frente al hotel Marival, donde el valor por metro cuadrado oscila entre 15 mil y 25 mil pesos.
Heredia Verdugo explicó que los predios formaban parte del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA), creado con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico mediante Centros Integralmente Planeados; sin embargo, las operaciones realizadas en 2016 no se consolidaron legalmente en muchos casos, ya que no existieron escrituras públicas de compraventa, sino únicamente contratos privados protocolizados ante notario, los cuales no acreditaban la transmisión formal de la propiedad.
Asimismo, detalló que los beneficiarios de dichos terrenos incumplieron con las obligaciones establecidas en el fideicomiso, entre ellas el desarrollo de los predios en un plazo máximo de dos años, así como el pago de cuotas de mantenimiento, situación que se prolongó por casi una década.
Este incumplimiento generó adeudos superiores a los mil millones de pesos por concepto de penalizaciones por no construcción y mantenimiento, montos que incluso superaron el valor de las operaciones de venta, mismas que actualmente son consideradas presuntamente fraudulentas por la autoridad.
Ante estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción promovió la declaración judicial de abandono, luego de que los posesionarios fueran legalmente notificados y no comparecieran ante la autoridad. Como resultado, el viernes 16 de enero los predios fueron asegurados y quedaron a disposición del Gobierno del Estado.
La Fiscal indicó que empresarios, políticos y presuntos integrantes de células del crimen organizado que se ostentaban como propietarios o representantes legales de las empresas involucradas cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. Señaló que los involucrados tuvieron la opción de acudir a las audiencias correspondientes para defender sus bienes o bien interponer recursos legales, como juicios de amparo, sin embargo, optaron por no presentarse.
Finalmente, sostuvo que el procedimiento se realizó conforme a derecho y cuenta con respaldo a nivel federal, al señalar que existen criterios similares avalados por la Fiscalía General de la República, descartando que se trate de una persecución política o de un despojo ilegal de inmuebles.
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