Una grave denuncia ciudadana llegó a este medio por parte de madres de familia afectadas, quienes acusan presuntas prácticas fraudulentas por parte de Melvin Nomu Gutiérrez Hinojosa, quien se ostenta como director y representante del Colegio de Estudios de Bahía de Banderas.
Las denunciantes aseguran que esta persona cobró durante meses importantes sumas de dinero por concepto de colegiaturas, inscripciones y trámites de certificación a estudiantes que cursaron bachillerato tecnológico y estudios técnicos, principalmente en áreas de la salud. Sin embargo, los certificados prometidos nunca fueron entregados en la mayoría de los casos, y aquellos que sí se otorgaron resultaron no tener validez oficial.
El problema salió a la luz cuando las y los jóvenes intentaron ingresar a universidades y les fue negado el acceso, al detectarse que los documentos expedidos no estaban registrados ni reconocidos, truncando proyectos de vida, carreras profesionales y dejando a familias enteras en una situación de engaño, frustración y pérdida económica.
Dos años de mentiras, promesas y evasivas
De acuerdo con los testimonios, durante más de dos años las madres de familia buscaron respuestas. Llamadas, mensajes, visitas personales y reclamos directos solo derivaron en promesas incumplidas, excusas repetidas y un discurso constante de que “el certificado ya casi está listo”.
Mientras tanto, el tiempo pasaba, los jóvenes perdían oportunidades académicas y laborales, y el daño económico se acumulaba, sin que hubiera una solución real ni una respuesta institucional contundente.
Denuncia presentada en 2023… hoy desaparecida
Las afectadas señalan que en 2023 un grupo de madres interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía, aportando pruebas, comprobantes de pago y testimonios. No obstante, pese a que existe documentación que acredita que dicha denuncia fue presentada, actualmente —aseguran— la Fiscalía no tiene registro, avance ni rastro del expediente.
Esta situación ha encendido la indignación de las denunciantes, quienes consideran que el caso fue congelado, archivado o simplemente desaparecido, sin explicación alguna.
“No pasa nada”: señalan presunta protección y tráfico de influencias
Según los testimonios, al ser confrontado por la falta de certificados y el estancamiento del proceso legal, el propio señalado habría presumido contar con un primo “bien colocado” dentro de la Fiscalía, además de amistades con funcionarios de alto nivel en el municipio de Bahía de Banderas.
Las madres aseguran que estas afirmaciones fueron utilizadas para intimidar, desmovilizar y desalentar cualquier intento de denuncia, bajo el argumento de que “no procedería nada” sin importar cuántas pruebas existieran.
Para las afectadas, la desaparición del expediente y la falta de acción institucional confirman una preocupante percepción de impunidad, donde las influencias pesan más que la justicia.
Escuela clausurada, alumnos abandonados
El plantel donde estudió la generación afectada operaba en San José del Valle, donde incluso se realizaron actos públicos de graduación que generaron confianza entre las familias. Poco tiempo después, la escuela fue clausurada, dejando a estudiantes sin certificados, sin respaldo oficial y sin respuestas, pero con la promesa reiterada del director de que “todo se resolvería”.
Nada se resolvió.
Sigue operando como si nada
Lo más alarmante para las denunciantes es que, pese a estos antecedentes, la persona señalada continúa actualmente con actividad escolar en otra localidad del municipio, donde sigue recibiendo inscripciones y pagos, mientras que a las familias afectadas las ha bloqueado completamente, cerrando cualquier vía de diálogo.
Para las madres, esto significa que el daño no solo no fue reparado, sino que podría estarse repitiendo con nuevas víctimas, ante la falta de supervisión y acción de las autoridades.
“No queremos venganza, queremos justicia”
Las denunciantes aclaran que su exigencia no es mediática ni personal, sino un llamado urgente a la justicia, para que se investigue el caso, se revisen las operaciones de esta y otras escuelas privadas, y se evite que la educación se convierta en un negocio fraudulento protegido por influencias políticas o institucionales.
Advierten que las escuelas irregulares no son un error administrativo, sino un problema estructural que destruye el futuro de jóvenes, vacía los bolsillos de las familias y erosiona la confianza en las instituciones.
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