Por años, la Fiscalía de Nayarit fue tierra fértil para la simulación, la corrupción y los abusos al amparo del poder. El paso de Petronilo Díaz Ponce dejó algo más que expedientes empolvados: dejó un cochinero institucional, fétido y difícil de ocultar, cuyos efectos hoy comienzan a salir a flote.
No es casualidad que ministerios públicos y policías estatales estén renunciando “solitos”. No se trata de vocación ni de cansancio laboral: es pérdida de confianza, denuncias acumuladas, señalamientos ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y una estela de prácticas al margen de la ley que ya no pueden esconderse bajo la alfombra.
La subfiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo ha sido clara, directa y sin rodeos. Reconoce que hay anomalías graves y, ante ellas, la decisión es tajante: o renuncian o firman por pérdida de confianza. Aquí no hay medias tintas ni pactos en lo oscurito. Quien no pasa los filtros, se va.
Polígrafos, revisión patrimonial y evaluaciones psicológicas no son caprichos, son controles mínimos para un personal que porta armas y decide sobre la libertad de las personas. Y aun así, el daño heredado es profundo.
Ludmila ha dado de alta a 20 nuevos ministerios públicos, prepara más movimientos y reconoce carencias críticas, como la urgente falta de un perito forense en reconstrucción, una exigencia legítima de los colectivos de familiares de desaparecidos, históricamente ignorados.
Más aún: rompe con la lógica perversa del “pago bajo para que se mochen”. Prefiere pagar mejor a quien sí trabaja, triplicando sueldos y otorgando responsabilidades reales, antes que seguir tolerando la corrupción normalizada.
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