En Bahía de Banderas la ilegalidad no siempre se decreta, a veces se tolera. Y en el tema de las concesiones, esa tolerancia tiene nombre, apellido y cargos públicos que prefieren no incomodar a los concesionarios.
Mientras el presidente municipal Héctor Santana García ha sido claro en su postura de no otorgar nuevas concesiones y ordenar los servicios públicos, en la práctica ocurre lo contrario. El problema no está en la Presidencia Municipal, sino en quienes deberían ejecutar esa indicación y no lo están haciendo.
El Sistema Integral de Servicios Públicos (SISEP) nació para recuperar el control, profesionalizar el servicio y cerrar la puerta a negocios privados que durante años operaron en la comodidad del desorden. Sin embargo, el titular de este recién nombrado organismo descentralizado, Ramón Álvarez, se lo pasó por el arco del triunfo. Lejos de poner límites claros, ha permitido —por acción u omisión— que SIMARS siga expandiéndose más allá de lo que su contrato le autoriza.
SIMARS no tiene concesión para recolectar basura. Su contrato es para administrar el relleno sanitario. Aun así, sus camiones circulan, recolectan residuos, prestan servicios privados y lo hacen a la vista de todos, como si contaran con aval institucional. ¿Falta de carácter para que el flamante José Ramón Álvarez los meta en cintura? ¿Protección disfrazada de prudencia administrativa?
Este silencio no es exclusivo del SISEP. El Cabildo tampoco puede fingir sorpresa. Regidores y regidoras ven pasar todos los días los camiones rotulados de SIMARS, normalizan su operación y se comportan como simples espectadores de una irregularidad evidente. No legislan, no cuestionan, no exigen cuentas. Miran hacia otro lado.
Aquí no se acusa al gobierno municipal de promover el desorden, pero sí se señala a quienes lo permiten. Porque cuando la autoridad responsable no actúa, se vuelve cómplice pasiva.
Bahía de Banderas no necesita más discursos ni más simulación. Necesita funcionarios con carácter, regidores que asuman su responsabilidad y un sistema de servicios públicos que sirva al municipio, no a intereses privados. Estás inacciones ratifican lo escrito antes, “los directores no le están siguiendo el paso al presidente”.
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