Otro intento fallido sin rumbo del Tuki-presidente sin rumbo ni legalidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos 2025 de Puerto Vallarta, el mismo con el que el alcalde Luis Ernesto Munguía pretendía cobrar una cuota obligatoria a turistas extranjeros mayores de 14 años. Un “derecho” mal diseñado, sin base jurídica clara y sin explicar qué servicio recibiría el visitante a cambio.
La Corte fue contundente: el cobro violaba los principios de legalidad, equidad y seguridad jurídica, pues ni siquiera precisaba qué bienes, espacios o servicios justificaban la tarifa de 1.25 UMA. ¿Cómo se pretendía recaudar millones de pesos sin detallar el destino del recurso? ¿Y por qué imponerlo justo en un municipio que vive del turismo y cuya imagen depende de reglas claras y confianza?
Este revés exhibe, una vez más, la improvisación con la que Munguía ha manejado políticas públicas de alto impacto. ¿Quién redactó este cobro absurdo? ¿Por qué se aprobó una ley tan débil que fue derribada de inmediato en tribunales?
La SCJN ya cerró la puerta. Lo que queda abierto es el cuestionamiento ciudadano: ¿para qué quería realmente Munguía este dinero y bajo qué criterios pensaba administrarlo? Esa respuesta sigue sin llegar. legalidad
La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad el artículo 80 Bis de la Ley de Ingresos 2025 de Puerto Vallarta, el mismo con el que el alcalde Luis Ernesto Munguía pretendía cobrar una cuota obligatoria a turistas extranjeros mayores de 14 años. Un “derecho” mal diseñado, sin base jurídica clara y sin explicar qué servicio recibiría el visitante a cambio.
La Corte fue contundente: el cobro violaba los principios de legalidad, equidad y seguridad jurídica, pues ni siquiera precisaba qué bienes, espacios o servicios justificaban la tarifa de 1.25 UMA. ¿Cómo se pretendía recaudar millones de pesos sin detallar el destino del recurso? ¿Y por qué imponerlo justo en un municipio que vive del turismo y cuya imagen depende de reglas claras y confianza?
Este revés exhibe, una vez más, la improvisación con la que Munguía ha manejado políticas públicas de alto impacto. ¿Quién redactó este cobro absurdo? ¿Por qué se aprobó una ley tan débil que fue derribada de inmediato en tribunales?
La SCJN ya cerró la puerta. Lo que queda abierto es el cuestionamiento ciudadano: ¿para qué quería realmente Munguía este dinero y bajo qué criterios pensaba administrarlo? Esa respuesta sigue sin llegar.
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