Puerto Vallarta, Jal.– Con el sello de la impunidad que caracteriza a este gobierno, el Ayuntamiento que encabeza Luis Ernesto Munguía decidió otorgar el perdón legal a la exregidora Carla Verenice “N”, señalada por corrupción tras contratar a su yerno y sobrino como asesores que cobraban sin trabajar. Lo más indignante es que la administración municipal renunció a exigir la reparación del daño económico al municipio, lavándose las manos y enviando el mensaje de que robar al pueblo no tiene consecuencias.
En audiencia, el juez Miguel García Hernández aprobó la suspensión condicional del proceso, ordenando que Carla Verenice entregue apenas 20 mil pesos a una asociación civil y curse un diplomado en derechos humanos. Una burla para los vallartenses, cuando se trataba de un delito que golpeó directamente las finanzas del Ayuntamiento y en el que el propio gobierno, en vez de defender al pueblo, se convirtió en cómplice al no oponerse al “plan reparatorio” de la defensa.
Vale recordar que fue un ciudadano quien denunció este caso en 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción, demostrando que la voluntad de castigar la corrupción no nació del Ayuntamiento sino de la sociedad. Hoy, con esta decisión avalada por Munguía, queda claro que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta traiciona la confianza ciudadana y pisotea la ley, regalando perdones a sus allegados mientras la gente paga impuestos, sufre carencias y exige justicia que nunca llega.
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