Bahía de Banderas.– La empresa Grúas Martínez, señalada en repetidas ocasiones por los ciudadanos debido a sus cobros excesivos y prácticas abusivas, vuelve a ser denunciada públicamente. Esta vez, la denuncia no proviene únicamente de los afectados, sino del propio regidor Pepe Castañeda, quien exhibió en redes sociales que la compañía utiliza una camioneta con placas particulares para realizar arrastres de motocicletas, un servicio que por ley debe estar autorizado y regulado como transporte público especializado.
El hecho resulta doblemente grave: no solo se trata de una empresa con historial de abusos contra los automovilistas que han denunciado públicamente las tarifas desmedidas que les imponen, sino que ahora queda al descubierto su operación irregular e ilegal, haciendo uso de un vehículo que carece de las especificaciones, permisos y placas correspondientes para un servicio de este tipo.
La pregunta inevitable es ¿cómo es posible que una empresa con tantas denuncias acumuladas continúe operando con total impunidad? La omisión de las autoridades municipales y estatales en Bahía de Banderas resulta evidente, pues mientras los ciudadanos enfrentan cobros desproporcionados y servicios irregulares, las instituciones encargadas de regular y sancionar miran hacia otro lado e incluso se dice que un comandante es quien los protege a cambio de sobornos.
La denuncia de Pepe Castañeda deja claro que no se trata de un error aislado, sino de un modus operandi tolerado que golpea a los ciudadanos y pone en entredicho la credibilidad de las autoridades. Grúas Martínez se ha convertido en sinónimo de abuso, y hoy, además, en ejemplo de ilegalidad descarada que exige respuestas inmediatas.
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