Ante la creciente preocupación de residentes y propietarios del desarrollo Terralta en Bucerías, por el conflicto legal que ha derivado en la colocación de sellos por parte de la Fiscalía del Estado en áreas del fraccionamiento, el presidente municipal Héctor Santana García se comprometió a intervenir sin entorpecer las investigaciones.
Durante su más reciente ejercicio de rendición de cuentas, el alcalde fue cuestionado por los avances en este caso. En respuesta, anunció que se buscará establecer una oficina de vinculación con autoridades estatales, a fin de brindar acompañamiento legal y orientación a los afectados.
Por su parte, Marcos Parra, director jurídico del Ayuntamiento, explicó que el origen del conflicto se remonta a un presunto fraude cometido en las primeras administraciones municipales, hace varias décadas, por lo que se trata de un tema de competencia estatal que actualmente es atendido por la Fiscalía.
En días recientes, vecinos de Terralta recibieron un comunicado en el que se les solicita promover juicios de amparo urgentes para proteger sus viviendas ante posibles actos de autoridad que —afirman— vulneran su derecho a la propiedad. Para ello, se les pide presentar documentos como escrituras, contratos de arrendamiento y credenciales de identificación.
Además, los residentes denunciaron que algunos abogados estarían aprovechándose de la situación, promoviendo presuntos amparos sin sustento, lo que ha generado aún más incertidumbre y desinformación entre los propietarios.
La falta de certeza jurídica ha encendido alertas entre posesionarios y familias, quienes piden no ser víctimas colaterales de malas prácticas del pasado, se espera que en los próximos días el gobierno municipal anuncie la instalación de un punto de enlace con la Fiscalía dentro del municipio, para facilitar la atención directa a las y los afectados.
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