Cuando grabar a la autoridad se vuelve moda, pero agredirla no tiene consecuencias
Realidad local
En Bahía de Banderas, la exigencia ciudadana por un gobierno transparente ha llevado a nuevas prácticas de control social. Una de ellas es la de exhibir en redes sociales a elementos de Seguridad Pública, principalmente cuando cometen excesos o presuntas irregularidades. El presidente municipal Héctor Javier Santana García ha sido claro: no se solapará a nadie que abuse de su poder. Sin embargo, ¿es justo cargarle todo el peso del juicio público a la autoridad, cuando del otro lado también hay provocación y violencia?
El reciente caso de Karen Ortega, quien en redes sociales publicó un video de su esposo, es un claro ejemplo. En la grabación se presenta a los elementos policiacos como agresores, y los comentarios se volcaron —una vez más— contra el gobierno municipal. Pero pocos mencionaron que, minutos antes, la misma persona que graba el video, había agredido verbalmente a los policías, con insultos denigrantes y una actitud provocadora.
¿Quién exhibe al ciudadano que violenta? ¿Quién señala al infractor que graba solo lo que le conviene? Si vamos a exigir rendición de cuentas, hagámoslo parejo. La ley no debe ser unilateral, ni la justicia un espectáculo editado en Facebook.
El gobierno tiene la obligación de actuar con imparcialidad, y en Bahía de Banderas se ha visto un esfuerzo serio por limpiar y dignificar la corporación. Pero si al servidor público se le juzga por cada acto, también debe haber consecuencias para quienes incitan, provocan o se escudan en el celular para evadir la ley.
Porque si el pueblo no se regula, si el ciudadano no asume su rol con responsabilidad, entonces ¿en qué nos vamos a convertir?
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