La nueva Ley de Telecomunicaciones en México escaló a nivel nacional e internacional, haciendo que el relator especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, hiciera una advertencia al Senado de la República sobre riesgos para los derechos humanos, la privacidad y la libertad de expresión.
Fue en una reunión con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía donde La Rue exhortó a los legisladores a garantizar que las leyes secundarias sean elaboradas mediante consultas multisectoriales y con un enfoque centrado en los derechos fundamentales, señalando su preocupación por las disposiciones donde se permiten al Ministerio Público solicitar datos privados de usuarios de telefonía (llamadas y geolocalización) sin existir cargos en su contra.
Entre los principios que recomendó proteger de la Ley de Telecomunicaciones mencionó:
– Libertad de expresión: Asegurando que la nueva legislación no limitará el derecho de las personas a expresarse libremente, incluyendo en internet.
– Acceso a la información: Garantizando que todas las personas puedan acceder libremente a información plural, diversa y sin restricciones indebidas.
– Protección a la privacidad: Evitando que las autoridades puedan acceder a datos personales, registros de llamadas o geolocalización sin orden judicial y sin garantías adecuadas.
– Derechos humanos en general: Cuidando que cualquier reforma o regulación de telecomunicaciones no implique retrocesos en los derechos fundamentales de las personas.
– Pluralidad y diversidad de medios: Impulsando leyes que reduzcan los monopolios mediáticos y permitan más voces en el espacio público, como radio, televisión y plataformas digitales.
– No retroceso legislativo: Que no se permita que la Ley secundaria anule o debilite lo avanzado en la reforma constitucional de 2013.
En respuesta a estas preocupaciones, y ante la polémica generada en diversos sectores, la presidenta de México Claudia Sheinbaum ordenó frenar el avance de la iniciativa y propuso una revisión profunda, particularmente del artículo 109, que otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear plataformas digitales sin criterios claros, dejando en claro que su gobierno no busca censurar, por lo que abrió la puerta a un debate con expertos para garantizar que el nuevo marco legal respete los derechos fundamentales.
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