Mientras en redes sociales proliferan los anuncios de venta de terrenos y supuestos fraccionamientos sin servicios ni documentación, las autoridades de Bahía de Banderas parecen guardar silencio. A pesar de los constantes llamados a la legalidad por parte del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y los pronunciamientos de la Fiscalía del Estado, en el municipio continúa esta práctica con total impunidad.
¿Qué están haciendo los regidores y autoridades municipales?
La omisión es evidente. En lugar de actuar para proteger el orden urbano y el patrimonio de las familias, las autoridades locales han optado por una actitud pasiva. Mientras tanto, decenas de desarrollos irregulares siguen ofreciendo terrenos ejidales o sin permisos en colonias populares, atrayendo a ciudadanos que desconocen los riesgos legales y económicos.
El Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit (IPROVINAY) ha detectado al menos 60 fraccionamientos ilegales en el estado, incluyendo varios en Bahía de Banderas. Sin embargo, esa información parece no haber provocado acciones inmediatas por parte del Cabildo municipal, cuyos integrantes están obligados a legislar y vigilar el desarrollo ordenado del municipio. ¿Por qué no se ha llevado este tema al Congreso del Estado? ¿Por qué los regidores guardan silencio ante un problema que afecta directamente a la población?
¿Y la Fiscalía? ¿Por qué no actúa de oficio?
En julio de 2023, la Fiscalía General del Estado aseguró un predio de 15 hectáreas en Bucerías, identificado como “Fraccionamiento Las Guásimas”, por venta ilegal sin permisos. Pero este ha sido un caso aislado. ¿Por qué no se actúa de manera sistemática? ¿Cuántos desarrollos más se necesitan denunciar para que las autoridades judiciales comiencen a perseguir estos delitos de oficio, sin esperar denuncias ciudadanas?
Proliferan los fraudes a la vista de todos
Decenas de páginas en Facebook y perfiles de venta siguen ofreciendo terrenos “en pagos” o “sin buró”, sin mencionar la ausencia de escrituración, uso de suelo o servicios básicos. Los compradores, muchas veces personas de escasos recursos, son víctimas de una cadena de omisiones que va desde las oficinas de desarrollo urbano hasta la fiscalía, pasando por el Cabildo municipal.
El gobernador Navarro ha declarado que el patrimonio recuperado por el Estado será destinado a obras sociales, y ha negado que se trate de apropiaciones por parte de funcionarios. No obstante, la falta de una política clara y constante contra los fraccionamientos ilegales genera dudas legítimas sobre la voluntad política de combatir este fenómeno de raíz.
Un llamado urgente a la acción
Este no es solo un problema de terrenos: es una crisis de gobernabilidad. La sociedad exige respuestas. ¿Quién protege a los ciudadanos de estos fraudes? ¿Quién está regulando el crecimiento urbano de Bahía de Banderas? ¿Dónde están los responsables del orden territorial y la justicia?
Urge una acción coordinada entre el Congreso del Estado, la Fiscalía General, el gobierno municipal y las instancias estatales. Pero sobre todo, urge voluntad para enfrentar una realidad que ya no puede seguir ignorándose.
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