Las autoridades estatales han recibido múltiples denuncias por abusos en los costos de grúas, arrastre de vehículos y corralones, lo que evidencia la falta de regulación y control sobre estos servicios. La ciudadanía reclama que algunas empresas operan sin transparencia, inflando los precios de manera desproporcionada, afectando la economía de los afectados.
De acuerdo con testimonios, estas irregularidades no solo persisten por la falta de supervisión, sino también por la supuesta complicidad de agentes de la policía investigadora y vial municipal. Se señala que los oficiales favorecen a ciertas empresas a cambio de recibir hasta 800 pesos por vehículo y 250 por motocicleta ingresada al corralón.
Estas prácticas han generado un aumento en las quejas ciudadanas, exigiendo a las autoridades estatales acciones inmediatas para frenar estos abusos. Los afectados piden tarifas claras y justas, así como sanciones ejemplares a las empresas y funcionarios involucrados. La falta de control está convirtiendo esta situación en un problema creciente que vulnera los derechos de los automovilistas y motociclistas.
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