Los hechos ocurrieron en el año 2017, cuando el empresario Eduardo Valencia Castellanos sufrió torturas y agresiones en la que en ese entonces era la cárcel municipal en Bucerías, actualmente convertida en CERESO. Según los señalamientos, Valencia habría sido víctima de golpizas, privación de alimentos y medicinas, y reclusión en condiciones degradantes, en un caso que involucra a funcionarios municipales de ese periodo.
Un recurso legal reactiva el caso
Un amparo indirecto, identificado con el número 175/2023, presentado por Valencia Castellanos y validado por el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Penal en Nayarit, revocó una audiencia de mayo de 2023 que eximía de responsabilidad a Gómez Pérez. Este fallo judicial ordena la reapertura del caso y la reactivación de órdenes de captura contra el legislador, acusado de los delitos de tortura y tentativa de homicidio.
La resolución establece:
“Se deja sin efectos la audiencia celebrada el 9 de mayo de 2023, exclusivamente en lo relativo a la confirmación del no ejercicio de la acción penal dictada por el Ministerio Público en la carpeta administrativa 66/2022, relacionada con José Gómez Pérez.”
Señalamientos de complicidad y negligencia
Durante su administración como alcalde, Gómez Pérez, habría permitido diversas agresiones contra el empresario Valencia. Según los señalamientos, José Gómez “el ratón” como le decían los internos, habría autorizado la entrada de personas externas con el presunto objetivo de acabar con la vida del empresario.
Estos acciones fueron vinculadas con la defensa de el empresario Valencia Castellanos por el condominio Flamingos Acqua en Nuevo Vallarta, que habría sido despojado ilegalmente. Las agresiones incluyeron violencia física, aislamiento en condiciones inhumanas y acoso psicológico, presuntamente llevados a cabo por reos, policías y allegados al exfiscal Édgar Veytia.
A pesar de las múltiples recomendaciones emitidas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Gómez Pérez pidió ignorar las advertencias y por ende no tomaron acciones para proteger la integridad de Valencia. También se señala la inacción de otros funcionarios, como Raymundo Fabián y Job Fernández, en los mismos hechos.
Posible desafuero para José Gómez Pérez
El amparo obliga al juez Hiram Sánchez Meza, del Juzgado de Primera Instancia en Bucerías, a retomar el caso antes del 6 de enero de 2025. En una audiencia celebrada el pasado 20 de noviembre, se ordenó convocar a todas las partes para revisar el caso nuevamente, con pleno uso de facultades judiciales.
El empresario Valencia Castellanos advirtió que, si se emite una orden de aprehensión, el Congreso del Estado deberá discutir la posibilidad de retirar el fuero a Gómez Pérez, como ocurrió recientemente con el exmagistrado Rodrigo Benítez Pérez.
“Esta resolución obliga al juez y al Ministerio Público a actuar conforme a los lineamientos establecidos. Es probable que el Congreso deba abordar este caso de manera similar a desafueros recientes”, expresó Valencia Castellanos.
Decisión final para 2025
Se espera que a principios del próximo año las autoridades definan las medidas legales en este caso, lo que podría derivar en la pérdida del fuero de José Gómez Pérez y su eventual presentación ante la justicia.
José Gómez un delincuente de candidato a diputado local por el Verde
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