• Bahía de Banderas debe transitar hacia un municipio moderno
• Al mismo tiempo de solucionar esta problemática, se tiene que buscar una reubicación y reordenamiento adecuado del comercio informal, empezando para que sea formal
• El gobierno no puede exigir regularización a unos, pero dejar a otros vender en la calle bajo un simple “permiso” con el cobro de metros de banquetas y plazas, en detrimento de la empresa regular
• Lo que se debe impulsar y fortalecer es el comercio formal, antes de que se desborde en una mayor problemática social de invasión de espacios públicos
• Resolver esta problemática, también significa acabar definitivamente con el caldo de cultivo de la corrupción para los elementos de fiscalización, padrón y licencias
Ya es hora de que Bahía de Banderas transite hacia un municipio moderno, actualizando su marco normativo ajustándose a la realidad actual. Y es que con las determinaciones del Presidente Héctor Santana García, que le está entrando a todos los frentes para mejorar y lograr altos niveles de bienestar, destaca entre muchas de sus acciones, el importante apoyo a los comerciantes establecidos para reactivar la economía local, particularmente el impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas, que según los datos del propio alcalde son más de 30 mil y en su inmensa mayoría no cuentan con licencias de funcionamiento, por lo que estaban sujetos a un acoso permanente de los fiscales de Padrón y Licencias.
Ante esta situación, el gobierno estableció una “Ventanilla Única”, para facilitar los trámites de regularización, que en el pasado se dificultaba por la infinidad de “trabas” burocráticas, dado que nunca hubo voluntad de legalizar a esos miles de comercios, pues era la “caja chica” de dinero en suculento efectivo, constante y sonante, que entraba limpiecito a las alforjas de una cadena de no pocos funcionarios públicos en anteriores administraciones, puesto que tenían un jugoso negocio de “moches” para dejarlos operar, razón por la cual no les otorgaban sus licencias de funcionamiento.
Por lo tanto, ya es hora de que el Cabildo tome «el toro por los cuernos» y pongan orden a la invasión de calles, banquetas y espacios públicos. De hecho, en sus encuentros semanales con los medios de comunicación denominados “Rendición de Cuentas” “Hechos para Servir”, el presidente Héctor Santana, anunció que con este objetivo ya inició un programa de regularización y retiro de obstáculos en la vía pública de infinidad de negocios en Sayulita, que lo mantienen en un caos, mencionando que muchos de ellos no están regularizados; cabe destacar que este problema también tiene colapsado el centro de Bucerias, San José del Valle, Mezcales, San Vicente, San Juan, Valle de Banderas y Valle Dorado.
En la mayoría de los casos, si no es que en todos, para nada que son puestos “ambulantes”, sino que son verdaderos negocios fijos, que no cumplen con los impuestos municipales, estatales ni federales que debieran ser, como cualquier micro, pequeño y mediana empresa, que paga una renta y cumple con sus obligaciones fiscales, pero que indiscutiblemente están en desventaja en las ventas ante esta “competencia desleal”, ya que los denominados “puestos callejeros” venden mucho más que los establecidos, con la oferta de productos chinos de mala calidad y alimentos insalubres que nadie supervisa, ante esto, la Secretaría de Salud «ni sus luces».
Este tipo de “comercio invasor” teóricamente afecta la economía formal, además de que los espacios públicos, están secuestrados por un puñado de “comerciantes irregulares”, que no tienen ni credencial de votar local. Esto porque su establecimiento permanente fue resultado de que en el pasado supuestos lideres de organizaciones, les cobraban cuotas para ellos negociar con las autoridades, comprometiéndose con proyectos políticos en cada elección, de ahí su inmunidad, que agravó y lo convirtió en un problema social.
El retiro del ambulantaje es una medida correcta
El ambulantaje y el comercio informal son un fallo del mercado, no benefician a la sociedad, puesto que no pagan ningún tipo de impuestos ni están sujetos a una normatividad, como lo hacen las micro, pequeñas y medianas empresas legalmente establecidas, que ante este fenómeno están en franca desventaja, además de que se apropian de espacios que deben de ser para el disfrute y esparcimiento de las familias. Tan solo en las dos semanas de las “fiestas de San José y de San Vicente”, el comercio formal pierde millones de pesos por la falta de ventas, ante el secuestro de calles, realmente ¿es un ingreso significativo al Ayuntamiento, el cobro de piso ante las pérdidas del comercio establecido?
Aunque todos los ciudadanos tienen el derecho a buscar su sustento, este debe de ser dentro del marco legal de la administración pública en su relación con los particulares, ya que el gobierno no puede exigir regularización y pago de impuestos a unos, pero dejar a otros vender en la calle bajo un simple “permiso o autorización”, con el cobro de metros de banquetas y plazas públicas, en detrimento de la empresa regular.
Cabe señalar que el Presidente Héctor Santana ya anunció una actualización reglamentaria en este sentido; mientras tanto el desalojo de ambulantes de las plazas, así como el retiro de obstáculos de banquetas, calles y andadores públicos, tiene plenamente su sustento legal, siendo una medida correctiva acertada, ya que lo que se debe impulsar y fortalecer es el comercio formal, antes de que se desborde en una mayor problemática social, que ya se ha presentado en otros municipios del país, incluyendo Nayarit, puesto que hace años el comercio establecido de Tepic, ganó un juicio en contra del ambulantaje en el centro histórico de la capital.
Tiene que recalcarse, que al mismo tiempo de solucionar la invasión de espacios públicos, tiene que buscarse una reubicación y reordenamiento adecuado del comercio informal, empezando para que sea formal, en espacios en donde estén regulados, puedan trabajar y ganar su sustento, forzosamente el gobierno tendrá que ofrecerles alternativas, apoyarlos en campañas de mercadotecnia y organización de eventos o festivales, para motivar el flujo de clientes. En este sentido ha sido un desperdicio de recursos la construcción del Mercado de San José del Valle y otro en Bucerias, que deben darles vida, además de construir otros mercados para la formalización y empadronamiento de todo el comercio informal.
La regularización del ambulantaje es “un tiro” que ningún Presidente ha querido aventarse. Este tipo de comercio, provocan igualmente que los espacios para estacionarse sean cada vez menos, en perjuicio de los comercios formales, ya que al no haber en donde estacionarse, los consumidores prefieren irse a los centros comerciales, minando la cada vez más precaria economía local de los pueblos, por lo que resulta un abuso la invasión de los espacios públicos, o solo que verdaderamente representen “ingresos millonarios” al Ayuntamiento por el aprovechamiento del uso del suelo.
En esta era de la transparencia y rendición de cuentas, de honestidad de los gobernantes, resolver esta problemática, también significa acabar definitivamente con el caldo de cultivo de la corrupción para los elementos de fiscalización, padrón y licencias, que el ambulantaje históricamente les ha significado un jugoso negocio, ya que les piden moches o cuotas por dejarlos operar. La Ley es la Ley en la materia y debe aplicarse, porque en su inmensa mayoría están violando el marco legal, contrario al comercio organizado que si cumplen.
El gobierno municipal tiene que reubicarlos, disponer de otros lugares para los tianguis en donde no perjudiquen al comercio formal, que los vendedores de comida renten su local, porque son verdaderos restaurantes a media calle, con riesgo real de un accidente letal, ya que tienen cilindros de gas fuera de reglamento, sin que hasta el momento Protección Civil los supervise y no esperar a que ocurra una explosión, como ya ha sucedido en otros estados, basta con explorar la red para darse cuenta de estos mortales accidentes. Va.
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