La administración de la ex presidenta municipal, Lia Sarai Castro Díaz de León, enfrenta cuestionamientos por el manejo de 380 millones de pesos destinados a obras de infraestructura en el municipio. A pesar de que Lia Castro declaró en su tercer informe que estos recursos ya fueron utilizados en proyectos de pavimentación, drenaje y alumbrado público, la realidad que viven los habitantes de Bahía de Banderas muestra otro panorama. Muchas de estas obras avanzan lentamente o han sido abandonadas, y los constructores afirman no haber recibido los pagos correspondientes.
El ex síndico municipal, Julio César Robles Lima, ha revelado pruebas contundentes que exponen una falta de legalidad en el proceso de adjudicación de estas obras. En un oficio fechado el 28 de agosto de 2024, Robles Lima señala que desde mayo no se ha recibido ningún contrato formal para la adquisición de bienes y servicios relacionados con los proyectos mencionados, a pesar de que la Ley Municipal de Bahía de Banderas exige, en su artículo 73, la firma del presidente, síndico y secretario para validar cualquier contrato de obra pública.
La falta de la firma del síndico en estos contratos podría poner en riesgo la legalidad de las obras, lo que abre la posibilidad de una revisión e incluso una investigación sobre el destino de estos recursos. Ante la falta de transparencia, la comunidad exige respuestas claras sobre el paradero de los 380 millones de pesos y la regularización de los procesos administrativos para garantizar el uso correcto de los fondos públicos.
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