Es inevitable no levantar las cejas cuando se habla de 380 millones de pesos que, según la ex presidenta municipal Lia Sarai Castro Díaz de León, ya fueron destinados a obras de infraestructura en Bahía de Banderas. Calles pavimentadas, redes de drenaje, alcantarillado y alumbrado público, todo suena muy bien, en teoría. Sin embargo, ¿cuál es la realidad en las comunidades? Los constructores no ven reflejada esa supuesta erogación en sus cuentas, ni los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos que tanto se necesita, por el contrario se ven obras con avance lento y algunas abandonadas.
Lia hizo declaraciones optimistas en su tercer informe, no obstante el ahora ex Síndico Municipal Julio Robles Lima declaró con documentos que evidencian un incumplimiento legal grave: la falta de formalización de contratos para la realización de dichas obras.
Para fortalecer estas declaraciones tenemos la ley municipal de Bahía de Banderas, donde en sus artículo 73 dice que ningún contrato de obra pública es válido sin la firma del presidente, el síndico municipal y el secretario del Ayuntamiento. Esta ley no es un simple protocolo, es una medida que asegura la transparencia y la legalidad en el uso de recursos públicos, algo que la propia Lia criticó a su comadre la ex presidenta municipal Mirtha Villalvazo. En este caso, el síndico municipal ha señalado, en un oficio fechado el 28 de agosto de 2024, que desde mayo no recibio ningún contrato formal para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las mencionadas obras. Es decir, la legalidad de estas obras millonarias está en duda.
¿Dónde están entonces los recursos? ¿Quién ha autorizado estas compras de equipo y obras, si no hay un contrato que las respalde? ¿Por qué se han adquirido vehículos y equipos de cómputo sin que se haya tramitado correctamente la adquisición, como señala el oficio que tiene sellos de recibido y que emitió la oficina de Julio Robles? Si no se han firmado los contratos correspondientes, ¿le habrán falsificado su firma? O ¿podríamos estar ante una segunda historia de mal manejo de los recursos públicos en un mismo trienio?
Además, las obras ya inauguradas y aquellas en proceso se encuentran en riesgo de ser declaradas nulas, y de no poder recibir pago alguno hasta que se regularice la situación. Lo que está en juego no es sólo la ejecución de proyectos de infraestructura, sino también la confianza de los ciudadanos en su gobierno y en la correcta administración de su dinero.
Tal vez le toque a la ex presidenta Lia Castro aclarar ante la Fiscalía General de Nayarit el destino de estos recursos y que se realicen las investigaciones pertinentes para asegurar que estos 380 millones de pesos se estén utilizando de manera correcta y transparente. ¿Usted que cree?
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