El Consejo General Universitario en 2021 regresó un terreno al Municipio, que irregularmente recibió como “dación en pago”, por concepto de un adeudo en la recaudación del Impuesto Especial del 15 por ciento para la Universidad, con un monto de casi 82 millones de pesos, esto al final del trienio del hoy diputado y exalcalde José Gómez Pérez
El pasado 2 de julio del 2021, el Conejo General Universitario, aprobó por mayoría, turnar una iniciativa con proyecto de acuerdo, que autoriza la cesión de derechos de bienes inmuebles de la institución, a favor del ayuntamiento de Bahía de Bandearas, esto es que la institución regresó un terreno al municipio, que irregularmente recibió como “dación en pago”, por concepto de un adeudo en la recaudación del Impuesto Especial del 15 por ciento para la Universidad, con un monto de más de casi 82 millones de pesos, que se recaudaron pero no se enteraron durante la administración 2014-2017, que encabezó el hoy diputado local José Gómez Pérez.
Esto significa que está plenamente vigente el adeudo al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit de ese periodo, ya que el exalcalde Jaime Cuevas Tello, se le revivió este adeudo, pero a escasos dos meses de culminar su periodo, que aunque tuvo la voluntad de abonar no se concretó nada, poco o nada podía hacer ya que ya las cuentas estaban cerradas, mas no así la siguiente en el cargo, la exalcaldesa Mirtha Villalvazo, que únicamente le dio carpetazo al tema y la actual Lía Castro, aunque se enteró del asunto, igualmente no le alcanzó el tiempo para atenderlo.
Pero lo que sí es una verdad absoluta, es que el adeudo existe y es de carácter institucional, por lo que el próximo Presidente Héctor Santana García, enfrenta su primer obstáculo legal y compromiso de un pago millonario para con el Patronato Administrador del Impuesto Especial del 15 por ciento para la Universidad Autónoma de Nayarit, institución a la que si se le exige “saque dinero de las piedras” para pagar sus convenios con el IMSS, resultado de malas decisiones de los exrectores Juan López Salazar e Ignacio Peña González, pero se le escamotean los recursos y financiamiento, como son estos 82 millones que debe el Gobierno de Bahía de Banderas y otros 50 millones que adeuda el municipio de Tepic, millones que igualmente retuvo el exalcalde Héctor González Curiel “El Toro”.
Hay que puntualizar, que ese año 2021, la institución se vio obligada a realizar esta devolución, por las precisiones y observaciones que en su momento detectaron las auditorías de la ASEN, en donde se equivocaron en “todo y todos” los involucrados, ya que de entrada el expresidente José Gómez durante su gestión, no enteró un peso del impuesto recaudado, tal como lo mandata la Ley, en donde hay que puntualizar que este dinero no pertenece a los municipios, tampoco es un subsidio, únicamente son recaudadores de este impuesto el cual deben de entregar cada mes a una cuenta del Patronato.
Aquí no somos juzgadores, pero pedimos se regresen esos recursos que corresponden a la universidad por Ley; el hoy diputado José Gómez tiene que aclarar que pasó con ese dinero, porque el propio Salvador Cabrera, ex Auditor General del Estado de Nayarit, nos dijo de viva voz, más de una vez, que había interpuesto denuncias en la Fiscalía por el desvió de estos recursos, por lo que tema adquiere su tinte político, ya que el entonces Presidente Municipal hoy es legislador del Partido Verde Ecologista, aliado del gobernante MOERNA en el Congreso, recinto en donde se hacen las leyes y se modifican para que se cumplan, en donde obviamente eso no sucedió con esta “danza de los millones” que pertenecen a los estudiantes universitarios.
La Universidad necesita estos recursos para concretar el proyecto del campus en Bahía de Banderas, así como fortalecer la infraestructura en la Preparatoria 10 de Valle, en donde de recuperarse, habría para dar cabida a 2 mil estudiantes en diferentes licenciaturas, incluso construir un dormitorio, comedor y biblioteca con internet, replicando el modelo de la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera en San Blas o la Casa del Estudiante en Tepic, porque no está claro ni tampoco se informó el destino de estos millones que ingresaron a las arcas, que no son pocos, configurándose ampliamente el “desvío de recursos, aclarando igualmente que esto no significa que “se los robaron”, sino que fueron aplicados a un rubro distinto al que marca la Ley, pero al ser un adeudo, definitivamente que lo tienen que regresar.
El Ayuntamiento en ese periodo, desincorporó terrenos de manera totalmente irregular en forma y fondo, suscribiendo primero un convenio de reconocimiento de adeudos y después un contrato a todas luces ilegal de donación de inmuebles y dación en pago, en donde están involucrados todos los miembros del Cabildo, el Secretario y el Tesorero de ese periodo, así como el entonces Presidente del Patronato UAN Humberto Haro Carlos, que de paso se llevó “entre los pies” al tristemente célebre Rector Jorge Ignacio Peña González, (que pecó de inocente) además de que esta figura “legaloide” se la hicieron a la Institución, cuando en su caso deberían haberla hecho al Patronato, que a su vez les facturó, sin tener facultades para emitir facturas.
Fue en Septiembre del 2017, cuando en Bahía de Banderas se aprobó este contrato como “dación en pago”, que de manera directa el Gobierno Municipal otorgó a la Universidad Autónoma de Nayarit, en una operación de traslado de inmuebles a través de escritura pública, con un valor de 81 millones 686 mil 257 pesos, que era el adeudo a esa fecha, 31 de octubre del 2016, de lo no enterado por la recaudación del Impuesto del 15 por ciento para la UAN.
Aquí es en donde se percibe el “tufo” de corrupción en esa “sui géneris” operación para pagarle al Patronato casi 82 millones, ya que también presentaron un avalúo catastral y comercial, emitido por un “Perito Valuador” adscrito al Tribunal Superior de Justicia, por un monto de 90 millones 064 mil 827 pesos, (habrá que ver quién fue este perito corrupto que se prestó a esta operación), ya que este predio fue valuado por la Administración del Patronato que presidió durante el gobierno de Antonio Echevarría García, el empresario Juan García Menchaca, pero con la novedad que no alcanzó ni siquiera pasar los 25 millones de pesos en su valor real, no los más de 90 millones en que lo tazaron. Sin duda alguna hicieron el negocio de su vida, a los que se prestaron los miembros del Patronato de ese periodo, encabezado por Humberto Haro Carlos, porque de que “hubo mocho” eso fue de rigor.
La Ley del Patronato, establece a este organismo facultadas para suscribir convenios con los Ayuntamientos, que repito son entidades únicamente recaudadoras, el recurso no les pertenece, con la finalidad de establecer la forma y plazos para saldar montos adeudados, en ninguna parte indica la “dación en pago”, para que puedan pagar con bienes o terrenos, que como en el presente caso, el uso de suelo era una traba para la Institución, puesto que es un “área de donación”, en este caso pero aún “área verde” del fraccionamiento, por lo que no se podría realizar ninguna construcción o venderlo para fines comerciales, (los chamaquearon definitivamente).
Así que, al no existir en la Ley del Patronato UAN, el que las entidades recaudadoras pacten la transmisión de dominio de bienes inmuebles en favor del Patronato UAN, y al regresarse este terreno ubicado en Palma Real, en San Vicente, por lo tanto no se extingue la obligación inicial del Ayuntamiento, de enterar lo recaudado en el periodo 2014-2017, o sea pagar esos más de 81 millones de pesos que no enteró el hoy diputado José Gómez Pérez, que obviamente dado que Jaime Cuevas, no pudo pagar porque le tronó a dos meses de dejar el cargo, Lía Castro, también por pocos meses al frente del Gobierno, prácticamente no contó con ese recurso disponible para regresarlo, porque tampoco estaba en el Presupuesto de Egresos, por lo que si o sí le tocará al presidente entrante Héctor Santana García tener que pagarlo.
¿En dónde quedó el dinero? la Fiscalía no tiene que dar carpetazo a la investigación; el Congreso Estatal, así como la nueva titular de la ASEN, el propio Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, deben tomar cartas en este asunto, porque no son pocos los millones adeudados, porque de aquí en adelante nunca más se debe tolerar ni permitir que los Presidentes Municipales, desvíen o se “roben” este dinero que pertenece a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Esperaremos la postura del Presidente electo Héctor Santana García, porque este no es un asunto menor. Va.
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