Otra vez Tamaulipas
Lamentablemente Tamaulipas no deja de ser noticia, un estado con tanto potencial secuestrado y gobernado por el crimen organizado.
Tan solo para documentar lo que en ese territorio es una constante, el 22 de agosto de 2010 a 150 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se presentó la primera Masacre de San Fernando (la Masacre de los 72), que se le llamó en medios internacionales como la Masacre de Tamaulipas.
El crimen fue cometido por cartel de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, municipio de San Fernando.
Acribillaron por la espalda a 72 migrantes, provenientes de Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y La India; 58 hombres y 14 mujeres; que transitaban rumbo a Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades de vida.
Los migrantes, quienes iban repartidos en dos camiones, partieron de Veracruz el 21 de agosto con la intención de pernoctar en algún poblado de Tamaulipas. Antes de llegar a San Fernando fueron interceptados por un grupo de sujetos armados quienes les obligaron a brindar «información» sobre parientes en Estados Unidos, a quienes exigieron dinero a cambio de su libertad. Ante las negativas eran golpeados y abusadas las mujeres.
Al inicio de las averiguaciones, uno de los responsables de investigar fue hallado muerto, degollado.
En 2011, fueron encontrados en fosas clandestinas al menos 193 personas, presuntamente migrantes tanto mexicanos como extranjeros. La lenta y poco fructuosa capacidad del gobierno mexicano para identificarlos y esclarecer las cronologías forenses de esos crímenes les ha puesto en penosa condición del olvido post mortem.
La Procuraduría estatal de Justicia de Tamaulipas, las autoridades del Gobierno Federal y no se diga las municipales, actuaron mal, con una opacidad criminal no solo para no esclarecer los hechos, sino para esconder lo que realmente sucedió.
En su crónica perversa, aseguraban que se había tratado de un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.
Y sin embargo, se mueve
En marzo de 2016, El Colegio de México firmó un convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para llevar a cabo una investigación independiente sobre dos atrocidades cometidas por los Zetas durante su guerra con el Cartel del Golfo: la masacre de San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010) y la desaparición de un número indeterminado de personas en el Norte de Coahuila (marzo de 2011).
Las policías municipales de San Fernando Tamaulipas y de Allende Coahuila estaban bajo el mando de los Zetas.
Fueron estos policías, amparados por las fuerzas de seguridad estatal quienes acribillaron a los migrantes a sangre fría.
El reporte “EN EL DESAMPARO: LOS ZETAS, EL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LAS VÍCTIMAS DE SAN FERNANDO”, establece que los alcaldes de ambos municipios eran solo figuras decorativas, sin capacidad de mando; sin capacidad ni ganas de denunciar o buscar gestión alguna que delatara las condiciones de dominio de los grupos criminales sobre las instituciones.
En el reporte se pone de manifiesto la negligencia de los gobernadores en funciones al momento de la tragedia: Egidio Torre Cantú en Tamaulipas y Jorge Juan Torres López en Coahuila.
Egidio Torre Cantú se negó a reconocer la gravedad del problema y evadió cualquier responsabilidad de su gobierno, por lo que dejó la investigación en manos de la Federación y ya no realizó ninguna acción de prevención o de combate a la célula criminal de “Los Zetas” que operaba en ese lugar.
En el caso de Coahuila, el informe señala que el gobernador interino en 2011, Jorge Juan Torres López, actualmente prófugo por acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos de América, ocultó la desaparición masiva de personas ocurrida en Allende entre enero del 2011 y agosto del 2012, lo que ha dificultado la investigación y alimentado la especulación sobre el número total de víctimas.
¿Y el Gobierno Federal?
Enterado que estaba de todo el tejido de corrupción y perversas complicidades, no hizo nada, pesa a enarbolar la bandera de la lucha contra el crimen organizado en forma discursiva y hueca.
Con esos antecedentes y con evidencias que son públicas de los nexos que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene con el crimen organizado, el pasado 19 de junio de 2021, en las colonias Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Lampacitos de Reynosa Tamaulipas; se llevó a cabo con toda impunidad el horrendo asesinato de 19 personas que sin deberla ni temerla, por el simple hecho de estar al alcance de los criminales; perdieron la vida.
Es un hecho que se equivocan quienes quieren presentar a Cabeza de Vaca como un perseguido político, como un enemigo político del régimen. Un enemigo político de un régimen, un perseguido político lo es por cuanto sus declaraciones políticas incomodan, evidencian o hieren al grupo político en el poder y a este señor no se le conoce discurso o acción política en contra del presidente López Obrador que sea anterior a los procesos en los que es señalado por sus nexos y las históricas evidencias de su actuar como criminal.
La lluvia de discursos huecos y las aparentes solidaridades de políticos y autoridades no sirven de nada y conforme pasan los días se convierten en una afrenta más para los deudos de las víctimas.
Hechos:
Luego de los primeros reportes de ciudadanos y testigos que daban cuenta de las balaceras, describiendo los vehículos en que se desplazaban los criminales, las autoridades tardaron entre 60 y 90 minutos en hacer acto de presencia, justo igual que en la matanza de los 72, que en el secuestro y posterior asesinato de los normalistas de Ayotzinapa.
¿Cómo es posible que los cuerpos de las víctimas hayan estado más de tres horas tirados en el suelo a la vista de todos los que por ahí pasaban?
¿O acaso de eso se trataba? Que negligencia y que indolencia tan criminal.
Parece ser que la ausencia negligente de las fuerzas de seguridad es la constante que revela la criminal asociación entre el estado y los grupos delictivos.
¿Terrorismo?
Este violento hecho no es un asunto de bandas criminales como inmediatamente salió a declarar el fiscal general de Tamaulipas Irving Barrios, haciendo caso omiso a declaraciones de testigos en las que claramente se establecía que se trató de ajusticiamientos a mansalva en las que no medió enfrentamiento alguno.
Los hechos y las evidencias apuntan a que se trató del ataque planeado de un comando armado que al haber contado con la inaceptable complicidad en la falta de reacción de las fuerzas estatales de seguridad municipal y estatal, podría estar vinculado a los intereses del gobernador Cabeza de Vaca, los grupos delincuenciales con los que tiene asociación y con el interés de poner contra la pared al Gobierno Federal, ya que declarar este evento como un acto terrorista abriría de inmediato las puertas a un mayor intervencionismo del gobierno de Estados Unidos que, dicho sea de paso, se ha autonombrado como el policía anti terrorismo del planeta, mismo que otorga facultades a sus fuerzas militares y agencias de inteligencia para operar en cualquier nación para combatir el terrorismo.
Extraño silencio
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos humanos de Nuevo Laredo, señala un sinnúmero de anomalías en el actuar de la fiscalía.
Entre ellas, la de estar acusando como parte del grupo criminal a personas que en realidad estaban desaparecidas en condiciones de desaparición forzada, de los que, además, sus familiares habían presentado las respectivas denuncias de hechos ante las Agencias del Ministerio Público del fuero común.
Así, con todo y las evidencias, la fiscalía insiste en hacer su propia verdad de la “verdad histórica”.
La pequeña esperanza
La única esperanza que familiares de las víctimas y la sociedad tenemos es que el Gobierno Federal haga su parte y la hagas bien, pero no parece ser el caso, una semana después del incidente, pese al anuncio hecho por el presidente López Obrador de que se atraería el caso, no han hecho nada o no se ve que lo estén haciendo, o no informan ni dan indicios de estar haciendo nada.
¡Que terrible estado de indefensión!
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