- México, cementerio clandestino
- “Profunda simulación” en búsqueda de desaparecidos: A.E
- Segob pondrá en operación Sistema Nacional de Búsqueda
- Acusa AMLO de “coyotaje” y corrupción a Felipe Calderón
Ciudad de México, 05 de febrero de 2019.- La “guerra el narco” detonada por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto provocó el asesinato de 250 mil personas. Además, generó en el país 40 mil desaparecidos, más de mil 100 fosas clandestinas sin explorar y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en institutos forenses de los estados. La crisis de inseguridad y de derechos humanos persiste en diversas regiones. Hay una emergencia nacional que debe ser atendida y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando los pasos necesarios para ello.
“Se trata de un saldo doloroso, terrible, de la política económica neoliberal”, aseguró el presidente López Obrador, durante la presentación del plan de implementación de la Ley General Sobre Desapariciones, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. En este plan se propone establecer en la ley la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos, así como fijar los beneficios a los que puedan acceder las personas detenidas que ayuden a la localización de las personas cuya existencia y ubicación se desconoce.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró “vamos a priorizar la búsqueda en vida (de las personas desaparecidas)”, con lo cual se podrán combatir delitos como la trata de personas. Destacó que el Estado mexicano reconocerá la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para atender casos particulares, como lo ha venido insistiendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Puntualizó se atenderán todas las recomendaciones y sentencias de instancias internacionales.
Un punto central será llegar a la verdad y la justicia, por lo cual se sancionará a quienes hayan participado en estos delitos “caiga quien caiga”, sentenció Encinas. Se establecerá la plena responsabilidad en la comisión de desaparición forzada, donde participen o hayan participado agentes del Estado, incluida la cadena de mando superior. Asimismo, dijo, se establecerán beneficios a quienes colaboren y aporten información.
La ley en materia de desapariciones no se ha implementado de forma adecuada a más de un año de su entrada en vigor, consideró el funcionario. Ejemplo de ello es que en sólo ocho entidades federativas se han creado las comisiones locales de búsqueda, en cuatro están en proceso y 20 están en falta ante esta norma. Asimismo, no todas las entidades cuentan con fiscalías especializadas para atender este delito, por lo cual destacó la necesidad de que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad que les corresponde. Quintana Roo esta ausente en estos vitales renglones.
Encinas concluyó: “la ley no ha cumplido con su objetivo, por el contrario se ha caído en una profunda simulación”. El objetivo de la estrategia, destacó, es dar verdad y justicia a las miles de familias víctimas de este delito, sancionar a los responsables, reparar el daño y buscar a los desaparecidos, particularmente en vida. Para ello, precisó el funcionario federal, se pondrá realmente en operación el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). “Se diseñará con la participación de las familias de las víctimas las bases generales, políticas públicas y procedimientos para la búsqueda, localización e identificación; así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables”.
Las audiencias para nombrar a quien estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (que es parte del sistema) se realizan desde este lunes y hasta el miércoles, el nombramiento se dará a conocer el próximo viernes. Esta instancia constará con 400 millones de pesos de presupuesto para este año, y aunque en los números es menor a los que se le asignaron el año pasado, en realidad de esos recursos sólo se ejercieron 6 millones. Reveló que el año pasado la Comisión Nacional de Búsqueda de personas sólo ejerció 6 millones de pesos, de 468 millones 946 mil pesos que tenia presupuestados, lo cual acusó fue un acto de simulación de la administración pasada.
El subsecretario informó que como parte de la estrategia para combatir las desapariciones en México, el gobierno federal creará el Instituto Nacional Forense el cual prevé iniciará sus operaciones en julio. Se impulsarán los protocolos de búsqueda e investigación, la creación de un sistema único de información tecnológica e informática, entre otros. Asimismo, se realizarán labores para coordinar información de hospitales, servicios forenses, centros psiquiátricos, centros de salud, reclusorios, centros de atención a las adicciones, albergues, panteones, entre otros, a fin de tener certeza del posible destino de los desaparecidos.
En el mes de marzo plantearán la discusión para la creación de dicho instituto, cuyo diseño corresponderá a la Secretaría de Gobernación. Este instituto permitirá crear un sistema nacional de coordinación de todos los servicios forenses del país. “Van muy avanzados los trabajos con el comité internacional de la Cruz Roja, la Escuela Nacional de Antropología, agencias de Naciones Unidas y el equipo argentino de antropología forense”, dijo el funcionario.
También precisó que ente 8 y 10 por ciento de las personas desaparecidas en México son migrantes, provenientes principalmente de los países centroamericanos, son miles de víctimas de este delito, muchos mujeres y niños, la mayoría de ellos desaparecidos con fines de trata de personas. La mayoría de los desparecidos en el país son jóvenes de entre 17 y 29 años de edad, particularmente de escasos recursos.
Mientras, afuera de Palacio Nacional, familiares de personas desaparecidas, procedentes de diversos estados de la República, exigieron una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Malú García, madre de una víctima de Chihuahua, reclamó: “el problema es que la estrategia no se la presentaron a las familias, no conocen de qué se trata”. Con los rostros impresos en lonas que cargan, los familiares de víctimas llegaron de Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México, entre otras entidades.
DE LOS PASILLOS
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al ex mandatario Felipe Calderón de “coyotaje” y corrupción. Criticó que el panista se haya integrado al consejo asesor de Avangrid,, empresa a la que le dio contratos durante su sexenio, y denunció que en las administraciones pasadas se dedicaron a hacer negocios con Pemex y CFE. “Una empresa contrató a un ex presidente como miembro de su consejo de administración que vende energía eléctrica a la CFE. Y no nada más este ex presidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía se iban a las empresas a las que les habían entregado contratos. ¿Cómo se llama esto? Coyotaje, corrupción”, dijo el titular del Ejecutivo federal en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Tras replegar a un grupo de profesores que intentó entrar por la fuerzas al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en busca de un diálogo con el gobernador Rutilo Escandón, el mandatario reconoció los adeudos que se tienen con los docentes, pero culpó a la administración de Manuel Velasco (2012-2018). “El gobierno de Chiapas lamenta la deuda de más de tres años que se mantiene con los maestros interinos desde la administración pasada, misma que asciende a mil 800 millones de pesos”, admitió Escandón. Para aminorar la tensión con los maestros, el gobierno liberó 1 millón de pesos para cubrir pagos pendientes con los profesores…
De la segunda caravana de migrantes, mil 764 partieron en 49 autobuses de transporte de personal de empresas de la región sureste de Coahuila hacia el norte de esa entidad. Un grupo de 49 migrantes pidió ir a Nuevo León para buscar trabajo ahí, y tres solicitaron su repatriación. Los transportes se dirigen hacia las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Acuña. El secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, externó su preocupación porque, al no poder pasar hacia Estados Unidos, los migrantes se estacionen por semanas o meses en las ciudades fronterizas.
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