«Les hemos abierto las puertas, pero no vamos a sacrificar la seguridad de nadie».
Así dijo este domingo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sobre los miles de migrantes venezolanos que actualmente se encuentran en ese país. Las duras palabras del mandatario tienen lugar en el contexto de la conmoción que vive Ecuador desde que el sábado en la noche una mujer embarazada fuera asesinada en la vía pública por un ciudadano de Venezuela.
Los hechos ocurrieron en Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, en el norte del país. Según el relato de los medios locales, Diana Carolina, de 22 años, fue tomada como rehén por su expareja ante la vista de docenas de testigos y algunos oficiales de policía.
A raíz del ataque, el presidente Moreno dijo en Twitter que analiza la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país para venezolanos.
«He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera», agregó. El pronunciamiento de Lenin Moreno fue criticado por las autoridades venezolanas. El canciller Jorge Arreaza dijo que el mandatario venezolano había «incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador».
Ecuador estima que en 2018 ingresaron a su territorio poco más de un millón de venezolanos, como parte del éxodo masivo que vive el país sudamericano, sumido en una profunda crisis económica y política. Muchos de ellos han continuado su viaje hacia Perú, en búsqueda de trabajo y oportunidades.
Las autoridades ecuatorianas cuestionaron la falta de acción de los oficiales que presenciaron la escena, en la que la joven fue tomada como rehén durante más de una hora por el agresor, antes de ser acuchillada.
Varios videos compartidos en redes sociales muestran a algunos policías acorralando al presunto atacante, pero los intentos de detener la situación solo fueron verbales.
La ministra del Interior, María Paula Romo, reprochó que los policías no hicieran uso de la fuerza para evitar el crimen y dijo que este «pudo haber sido evitado».
«Cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la Policía no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo», tuiteó.
La fiscal general de Ecuador, Ruth Palacios, aseguró que el crimen «no quedará en la impunidad» y que el atacante recibirá la «máxima pena» por el feminicidio.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado, dijo que el asesinato corría el riesgo de demonizar a los venezolanos, por su falta de estatus legal.
«Estos son casos aislados y no involucran a la comunidad venezolana en Ecuador en su conjunto», dijo Regalado en una entrevista citada por la agencia Reuters.
En 2018 el gobierno de Ecuador dijo que cambiaría los requisitos de entrada al país, para exigir que los venezolanos presentaran un pasaporte, pero un juez bloqueó la orden.
Con información de «BBC».
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