El periódico La Jornada publicó hace algún tiempo que «El término de ‘abogado huizachero’ se refiere, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia en su vigesimosegunda edición, a la persona que ejerce la profesión de abogado sin tener el título correspondiente. No obstante que en ediciones anteriores este término no aparecía en el diccionario, se le daba el significado de abogados que utilizan el derecho únicamente para ganar tiempo en un negocio sin resolver a fondo el problema. En lenguaje coloquial es sinónimo de tramposo.»
Por su parte, el muy leído columnista Armando Camorra, en su columna «De política y cosas peores» publicada en un diario de Torreón, Coahuila, dice que «‘Abogado huizachero’ es una expresión peyorativa que todavía se usa para aludir desdeñosamente al picapleitos que a falta de justicia y fundamentación jurídica recurre a la chicana -es decir a la argucia tortuosa, a la artimaña- para lograr con malas artes lo que en modo legal no puede conseguir. A esos rábulas se les llama así, huizacheros, porque del huizache se obtenía un tinta que usaban los tinterillos.»
Vienen acolación las citas anteriores porque los ministro de la Suprema Corte de Justicia han actuado exactamente de esa manera, como abogados huizacheros, para no darle a Puerto Vallarta lo que le otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso el servicio del agua potable y alcantarillado, que ilegalmente sigue proporcionando el gobierno estatal a través del Seapal. Los ministros de la Segunda Sala pospusieron el asunto que iban a abordar ayer miércoles 16 de enero con una burda maniobra digna de todo abogado huizachero que quiere ganar tiempo y cansar al demandante: el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, decidió entregar el expediente a otro ministro y con eso habrá que esperar otros meses o años para que ellos definan otra fecha. La vez anterior se pospuso con un tecnicismo legaloide, dizque porque los abogados de Puerto Vallarta no habían esperado 90 días para tener una respuesta del gobierno estatal que entonces encabezaba el priista Aristóteles Sandoval, maniobra que el actual ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, calificó en otro caso similar como «fraude a la Constitución».
TECNICISMOS JURÍDICOS CONTRA LA CONSTITUCIÓN
Hace unos meses, en octubre pasado, escribimos en otro medio de comunicación (Noticias de la Bahía) que ningún tecnicismo jurídico puede estar por encima del mandato constitucional, que busca solucionar los problemas y necesidades sociales. Ningún tecnicismo jurídico es más importante que la Constitución ¿cómo decir que el gobierno municipal de Puerto Vallarta debió esperar durante 90 días una eventual respuesta a la solicitud que se le hizo al gobernador Aristóteles Sandoval para la transferencia del SEAPAL al municipio, y que nunca llegó? Ningún tecnicismo vale más que el texto y espíritu de nuestra máxima ley, que busca sobre todo el bienestar de los mexicanos, cómo eso de decir que no se debió iniciar la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia a los pocos días de esa solicitud. La Constitución es la Constitución y no admite condiciones, requisitos, ni leyes secundarias.
Lo anterior es lo que nos han enseñado los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de la historia de México, y por eso ahora nos sorprende que debido a un tecnicismo, a un procedimiento, a un detalle menor, ajeno al espíritu de la Carta Magna, no se ha resuelto positivamente el asunto de fondo, que es el de entregar ya al pueblo de Puerto Vallarta el sistema del agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales como lo establece el artículo 115 constitucional, para beneficiar a la propia población que está demandando un mejor servicio.
A todos los vallartenses nos sorprendió lo que sucedió el pasado 3 de octubre de 2018, cuando se realizó la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual se analizaría y votaría el proyecto de sentencia del caso SEAPAL (favorable al municipio de Puerto Vallarta) y que tal punto fue retirado de la orden del día porque el gobernador Aristóteles Sandoval, comunicó a la Suprema Corte que un día antes había solicitado al H. Congreso del Estado su aprobación para retener el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales, solicitud que, hay que subrayarlo, hizo fuera del plazo que le marca la propia Constitución.
Aun así, la decisión de retirar el tema de SEAPAL de los puntos a tratar en esa sesión no debería de tomar por sorpresa a nadie debido a que, como lo escribimos aquí en NOTICIAS DE LA BAHÍA en la edición 3099 del 23 de abril pasado «Caso SEAPAL VALLARTA, en la Agenda de la SUPREMA CORTE», pág. 3, la estrategia jurídica de los abogados chihuahuenses contratados por Aristóteles Sandoval para defender al SEAPAL era precisamente esa: meter la solicitud al H. Congreso un día antes o el mismo día en que la Suprema Corte de Justicia contemplara votar el proyecto de resolución, que es favorable al municipio porque así lo establece la Carta Magna. Aquí dijimos que esos abogados chihuahuenses en el año 2001 lograron impedir mediante esta burda maniobra que al municipio de Ciudad Juárez le fuera entregado el sistema de agua que era administrado por el gobierno estatal.
Así pues, la artimaña del entonces gobernador Aristóteles Sandoval lo mostró como un político insensible a las necesidades del pueblo vallartense y no como un estadista comprometido con el mejoramiento de las condiciones de vida de sus gobernados, y tampoco lo muestra como un buen administrador de los recursos públicos, ni decidido a fortalecer la descentralización de las funciones del estado encaminadas a impulsar el desarrollo de las diferentes regiones y municipios.
LA PREOCUPACIÓN DE ARTURO DÁVALOS
Ante esta situación, el alcalde Arturo Dávalos insiste en que su preocupación fundamental es el mejoramiento del servicio de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales, como se lo demanda cada día la población. «Las amas de casa, los vecinos de las colonias diario me dan quejas y me hacen solicitudes sobre el agua potable y el drenaje. No van con el gobernador ni tampoco con el director del SEAPAL, van conmigo, a mí me exigen el mejoramiento del servicio, me hacen reclamos por lo alto de las tarifas en las zonas marginadas y rurales, me informan de las fugas de agua y drenaje. Me lo dicen a mí y a los regidores, porque nosotros estamos más en contacto con la gente», ha comentado el Presidente Municipal Arturo Dávalos en varias ocasiones a la prensa.
Como lo escribimos el 23 de abril de 2018: «Aquí la gente confía que en el caso de Seapal-Vallarta, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación harán respetar la Constitución y, concretamente, su artículo 115, porque tienen visión de Estado, sensibilidad humana y un compromiso con la ciudadanía que lo demuestran a través de sentencias que dictan en su hermoso quehacer de jueces supremos. Que así sea, en nombre del imperio de la ley y en beneficio del pueblo de Puerto Vallarta».
HABRÁ QUE ESPERAR MUCHOS MESES MÁS
Otra vez, pues, el alcalde Arturo Dávalos y su asesor Francisco Vallejo regresaron con las manos vacías, resignados a que habrá que esperar nueva fecha para que se resuelva la controversia constitucional expediente 98/2016. El argumento es huizachero: el ministro ponente pasó el expediente a otro ministro, para darle tiempo al mentiroso gobernador Enrique Alfaro, quien en su campaña prometió entregar el Seapal a Puerto Vallarta y ahora lo niega. Antes de ayer, en los pasillos de la Suprema Corte, se sabía que el proyecto era favorable a Puerto Vallarta, igual que la vez anterior, pero volvieron a las burdas artimañas de los huizacheros que carecen de argumentos legales y justos para darle a PV lo que merece de acuerdo con la Constitución.
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